El Gobierno de Aragón ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del caso Aulario de Plaza en la que el constructor Agapito Iglesias fue absuelto de los delitos de falsedad continuada en documento mercantil, estafa agravada y estafa procesal.
El que fuera presidente del Real Zaragoza se enfrentaba a ocho años de prisión por estar acusado de perjudicar económicamente a Plaza con la venta de unas instalaciones de Formación Profesional (FP) y por engañar a la Justicia, en un pleito civil, con una factura y una certificación de unos trabajos no realizados. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zaragoza no observó delito alguno en su actuación.
El magistrado firmante del fallo y exalcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, afirmó que no quedó acreditado que Plaza perdiera dinero con la operación, ni que Iglesias fuera el encargado de redactar las certificaciones de obra ni de emitir las facturas. También destaca que Iglesias no tuvo la iniciativa en presentar dicha factura.
