El Gobierno de Aragón notificó el pasado martes la sanción de 30.000 euros y la orden de cierre a dos residencias más de ancianos de la comunidad, ambas propiedad del mismo titular. De este modo serán un total de 17 centros los que cesarán su actividad tras el plan de inspección que estableció el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales a raíz del suceso ocurrido en Santa Fe, en julio del 2015, donde fallecieron ocho personas tras el incendio en la residencia.

El dueño de los dos negocios afectados, ubicados en la provincia de Zaragoza y sobre los cuales se abrió ya en su momento un expediente sancionador, recurrió la decisión de la DGA. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón derivada de esta cuestión ha llevado a la confirmación de la sanción (serán 30.000 euros por ambos centros) y del cierre definitivo. Este podría afectar a más de 80 personas.

Además, fuentes del departamento y de la secretaría general técnica de Ciudadanía y Derechos Sociales añadieron a este diario que una tercera residencia ha comunicado que «en breve» clausurará sus instalaciones «porque no pueden cumplir con los requisitos» de atención y calidad establecidos por el Gobierno de Aragón.

Durante el 2016, se llevaron a cabo 185 inspecciones en residencias de mayores y centros de servicios sociales. De ellas, 17 fueron en la provincia de Huesca, 65 en Teruel y 103 en Zaragoza. Tras la confirmación del cierre de estas tres residencias más, y según los datos expuestos ayer por el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, en las Cortes, actualmente habría todavía dos centros sobre los que también podría recaer una sanción similar si no resuelven sus deficiencias.

Dichas revisiones fueron motivadas por requerimientos o expedientes previos, para comprobar los cierres acordados o para atender las quejas formuladas por los usuarios en cuanto a la calidad del servicio, según informó la DGA a principios de este año.

Planes de mejora / Además, el plan extraordinario de regularización puesto en marcha por el Gobierno para aquellos centros que no cumplían los requisitos, sobre todo los administrativos como las licencias, motivó en su momento que 18 solicitaran su regulación presentando proyectos de mejora. Fueron aprobados los planes de 13 de ellos, mientras que los cincos restantes se corresponden a los tres cierres confirmados estos días y a los dos pendientes de resolver la situación.

El programa de inspección se está realizando en coordinación, por una parte, con la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios y, por otra, con Salud Pública.

Por otro lado, respecto al incremento del 36% de las plazas en residencias concertadas que anunció Santos en las Cortes, la diputada de Podemos Marta Prades aseguró que se han detectado «deficiencias» en cuestiones como el tiempo de atención a los residentes, alimentación o «la situación de aislamiento» en algunos centros». Desde el PP, Ana Marín criticó que «hacer compartimentos estancos resta eficacia al trabajo» y apuntó que hay «muchas plazas concertadas que no se han cubierto y listas de espera».

La portavoz del PAR, Elena Allué, indicó que «la gestión de las residencias se debería abordar con muchísima seriedad y diligencia». Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Desirée Pescador, apuntó a la «idiosincrasia que condiciona todas las políticas, el envejecimiento y la dispersión». Por parte del Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) indicó que «la antecesora (en referencia a Rudi) dejó el listón tan bajo que a poco que haga mejora. Venimos de un auténtico desierto». Por último, la socialista Pilimar Zamora valoró el aumento de plazas y pidió a Santos «conocer cómo piensa afrontar el 2017 y el aumento de demanda».

Actualmente, en Aragón hay actualizados 42 centros de día y 36 residencias para personas con discapacidad y 35 centros de día y 155 residencias para personas mayores.