El Decreto Ley de Vivienda con medidas urgentes en materia de emergencia social que prevé aprobar el Gobierno de Aragón apuntará directamente a los bancos y, más concretamente, a sus pisos adquiridos con desahucios y que tienen desocupados. A estas entidades financieras se les pretende obligar por ley a cederlos a la Administración autonómica para que esta las ponga a disposición de las familias que necesitan una vivienda social. Ofrecer una alternativa habitacional primero para luego, con la futura Ley de Vivienda, "se consiga un registro de vivienda vacía" y un Fondo Social de Vivienda en el que figuren tanto los inmuebles disponibles como los demandantes de un domicilio en Aragón.

Así lo anunció ayer el consejero de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, quien adelantó el borrador del decreto ley en el primer Foro de la Vivienda de la legislatura. En él informó también de su apuesta por paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que se encuentre una solución habitacional y que los órganos judiciales comuniquen a la Administración la existencia de una demanda de desahucio.

IMPEDIR DESAHUCIOS

Esta comunicación se realizará a través de los servicios sociales e incluso en algunos casos, de forma excepcional y temporal, la Administración podrá asumir el pago de la renta del alquiler para evitar el lanzamiento.

Soro quiere que entre en vigor "cuanto antes", dijo, y que, como reza el Estatuto de Autonomía aragonés, los poderes públicos provean obligatoriamente de una solución habitacional a las personas que pierdan su vivienda como consecuencia de una ejecución hipotecaria o desahucio por el impago del arrendamiento.

Pero el primer reto es poner como "obligación legal" la cesión de los pisos vacíos de los bancos y se integren, además, en un único fondo social de vivienda que sustituya a las múltiples bolsas existentes. Este incluirá, no solo los pisos disponibles sino también a todas las personas que necesiten un hogar de estas características. Para ellas se establecerá cuál es el régimen de ocupación, a través de un arrendamiento, por el que pagarán una renta social que no supere el 30% de los ingresos familiares.

Pero, además, para los demandantes de vivienda social también se busca mejorar sus condiciones de acceso a las mismas. Por eso Soro intentará eliminar uno de los requisitos que aparta a muchos de la posibilidad de optar a una de ellas: la obligación de no tener deudas con la Administración. La bolsa actual se configura legalmente como una subvención y nadie puede beneficiarse de una si mantiene impagos con la Seguridad Social, Hacienda o algún tributo de la comunidad autónoma. "Se va a modificar la ley de presupuestos para que no se requiera este requisito" , aseguró.

Unas cuentas, las del 2016, en las que también se incluirá esta apuesta. "El objetivo fundamental es incrementar el parque social de viviendas y eso cuesta dinero. Por eso en el presupuesto del año que viene se reflejará esta necesidad de contar con más presupuesto", aseveró.

Tal y como anunció este diario, solo en Zaragoza hay un estoc de casi 3.000 viviendas, el 14% de las que construidas desde el 2008 y que le convierten en la tercera ciudad de España con más pisos desocupados, por delante incluso de otras más grandes como Barcelona. Y Soro recordó que en la comunidad existen cerca de 4.000 unidades familiares inscritas en bolsas de alquiler social, de las que no todas cuentan ya con solución.