El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga, anunció ayer en las Cortes que en el 2016 habrá convocatoria de empleo público. Las oposiciones cubrirán el número de plazas ocupadas por interinos, aunque el número aún no está definido.

Zarazaga compareció ayer en la comisión de Hacienda del Parlamento para explicar ante los grupos las líneas maestras de su plan de acción. Avanzó que se convocarán todas las ofertas de empleo que establece la ley, y que los puestos ocupados por interinos saldrán a concurso para que pueda concurrir a ellas cualquier ciudadano.

Además, anunció que en el plazo de un año y medio se aplicará la sentencia que obliga a convocar las plazas de los ejercicios 2007--2011, lo que supondrá "consolidar" 3.302 puestos de interinos en la administración general (1.270), en educación (386) y en sanidad (1.646).

El director general, preguntado por los grupos, detalló que el número de altos cargos de la Administración se ha reducido en un 8,3%, pasando de 60 a 55 y que el personal eventual se ha recortado, con el Gobierno de Javier Lambán, un 31%, al bajar de 74 a 55. En cualquier caso, admitió, que puede producirse alguna incorporación en ambas áreas, puesto que hay plazas que todavía no se han cubierto. Zarazaga no se mojó en cuanto a la paga de la extra de los funcionarios. "Deberá negociarse con los sindicatos", dijo. Lo mismo sucede con la Ley de Función Pública, que el Ejecutivo quiere retomar, puesto que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, la dejó terminada a falta de memoria económica. No quiso poner plazos, pero dijo que si existe consenso con los agentes sociales, se "acelerarán" los tiempos.

LOS GRUPOS Antonio Suárez (PP) acusó al director general de ofrecer solo generalidades y no descender al detalle y lo animó a convocar el 100% de las plazas de interinos para luchar así contra la provisionalidad. Marta de Santos (Podemos) exigió que la ciudadanía pueda participar en el proceso de elaboración de la Ley de Función Pública y reclamó al director general una hoja de ruta con compromisos concretos y un calendario con los objetivos a cumplir. Elena Allué (PAR) animó a Zarazaga a implementar un sistema de trabajo en la función pública que se guíe por criterios de rentabilidad del tiempo y por el cumplimiento de objetivos. Pidió un modelo de funcionariado independiente y alejado de los vaivenes de la política y los gobiernos. Gregorio Briz (grupo Mixto) consideró que la ley de función pública es "clave" y echó en falta una norma que perdure en el tiempo porque no debería modificarse "continuamente". En su opinión, el anterior Ejecutivo del PP no logró resolver la provisionalidad porque el descenso que ha experimentado en la administración se ha debido al recorte de plazas que aplicó el Gobierno de Rudi.