El Gobierno de Aragón ha pedido al juez José Ignacio Martínez, que instruye la causa principal de Plaza --el caso saqueo--, que dé traslado a su colega del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza de la última declaración jurada del denunciante de Plaza, Chabier Mayayo. Entiende que su testimonio es clave para explicar las presuntas irregularidades que podrían reabrir el caso Caladero, que la magistrada María José Gil archivó.
La jueza ya tenía sobre la mesa un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que, mientras investigaba para la causa principal, detectó posibles amaños en las operaciones del citado caso y del apartadero, también archivado.
Tras su envío, en una declaración ampliatoria, Mayayo relataba cómo una noche fue a las oficinas de Plaza, en compañía del exdelegado de Acciona en Aragón, José María Jordán, y al exjefe de obra de la UTE con MLN, Alejandro Viñuales. Allí se reunieron con Ricardo García Becerril y, siempre según Mayayo, habrían sustituido certificaciones de obra por otras con precios que justificarían un sobrecoste de casi 600.000 euros.
El letrado de la DGA entiende que una posible reapertura no afectarían al sobreseimiento de las actuaciones para algunos imputados --que lo eran por otra obra--, pero la declaración sí sería un "complemento determinante" para contextualizar la parte del informe de la UDEF que afecta al caso Caladero.
