El caso saqueo en el que se investiga la supuesta malversación de 150 millones de euros en las obras de urbanización de Plaza podría derivar en un nuevo caso judicial contra uno de sus imputados, el dueño de Porcelanosa, Manuel Colonques. Así lo han pedido los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón al juez instructor de este asunto al entender que la actuación del empresario valenciano es diferente a la del resto de encartados, debido a que no construyó la plataforma logística, sino que su papel fue como comprador de parcelas. Eso sí, presuntamente, de forma delictiva.
En un escrito enviado al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, los abogados de la DGA consideran que la empresa de la que es administrador único Colonques, Maguitel SL, hizo el pago de una dádiva al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, para conseguir un terreno más barato. Estiman el beneficio de la operación en 550.000 euros.
Colonques no habría actuado solo, según mantienen, sino que le habría asistido en dichas labores su apoderado Vicente Roca, a quien solicitan imputar en el caso de que el magistrado acepte estas observaciones y surja una investigación separada de la pieza principal que suma en estos momentos hasta casi una treintena de sospechosos, entre los que destacan constructores; el exgerente García Becerril; el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, o los directivos de Acciona, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, entre otros.
Los letrados se basan en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que resalta que el exgerente usó una empresa de sus hijas --Elena y Patricia, también imputadas --, Pulsar, como "tapadera" para recibir el dinero. Los agentes apuntan a que falseaban la contratación de informes cuya existencia "no consta".
Según la documentación aportada, el empresario valenciano habría pagado 87.000 euros en el 2006, otros 58.000 en el 2007, y 120.131,92 en el 2008. En total, 265.131,92 euros. Sin embargo, durante su declaración ante el juez, Colonques admitió tan solo el abono de 58.000 euros por un informe, si bien señaló que se hizo por decisión de sus técnicos que fueron los que llevaron este asunto.
Si Colonques llegara a hablar de un engaño por parte de García Becerril, los abogados mantienen que hay unos trabajos que "los paga Maguitel SL, pero no a Plaza, sino a un tercero, sin la constancia del crédito por Plaza y falseando el concepto".
Es por ello que desde la DGA estiman que esta presunta operación habría provocado un perjuicio en las arcas públicas de 724.000 euros. De aceptarse esta nueva causa, podría implicar una cuarta imputación para García Becerril por su gestión en Plaza. Sería muy similar a la del caso karts por el cobro de una comisión de más de 600.000 euros por la compra del antiguo karting Aragón.
