El último encontronazo entre el Gobierno aragonés y Podemos ha tenido a la dependencia como arma arrojadiza. En concreto, las ayudas que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales convoca para cuidadores de familiares dependientes y que, según la formación morada, dejarán fuera a más de 10.500 personas. Por ello, Podemos solicita la «modificación» de la convocatoria «para que puedan beneficiarse el conjunto de estas cuidadoras, unas 11.000 en todo Aragón. Con las condiciones actuales, solo se pueden acoger a la ayuda alrededor de 300. Podemos se refiere a la imposición de haber abonado la Seguridad Social del 2016 para optar a la subvención del 60% de los pagos de cotización de este colectivo.

La formación morada considera que la medida, que procede de los acuerdos alcanzados entre Podemos y PSOE para la toma en consideración de los presupuestos de 2017, «no cumple los objetivos propuestos, ya que lejos de incentivar que las mujeres que realizan este trabajo se den de alta en la Seguridad Social, lo que hace es dar continuidad a los costes y los perjuicios de exclusión del mercado de trabajo que viven estas personas».

Sin embargo, la DGA asegura que es Podemos quien «ha incumplido el pacto en esta materia» y esgrime que el acuerdo incluía varias partes. «La más importante es la que incluía la presentación de una iniciativa en el Parlamento español para revertir el recorte realizado por el PP en el 2012 de la Seguridad Social de las cuidadoras. Se trataba de recuperar el 100% de la cotización por parte del Estado a las cuidadoras que lo necesitaran», pero lamenta que «lo curioso es que en Madrid Podemos no apoyó la iniciativa del PSOE en este tema, incumpliendo nuestro acuerdo, y encima justificando que, en su parecer, esta ayuda no era digna», indicaron fuentes del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

La Administración afirma haber cumplido «íntegramente» lo pactado y acusa a Podemos de usar «un argumento falso» al cuantificar en más de 10.000 las personas que se quedan fuera. «No es cierto. En el momento de mayor número de perceptores de esta prestación, en el 2011, había algo más de 15.000 perceptores y el Estado solo cotizaba por 3.500, por lo que las que se beneficiarían del pago del 100% serían unos 2.500», apunta.