El Gobierno de Aragón anunció ayer que acata la sentencia que le ordena abonar una paga de antigüedad a los profesores de los colegios concertados, pero advirtió de que esta obligación, unos ocho millones de euros, depende de su límite presupuestario. La DGA salió así al paso de la decisión de la Justicia de que se haga cargo de esta gratificación hacia los docentes que cumplen 25 años en su trabajo.

El origen del conflicto se remonta al año 2000, cuando las patronales y algunos sindicatos firmaron un nuevo convenio colectivo en el que se sustituyó la paga de jubilación por otra que se abonara a los 25 de antigüedad, laboralmente más beneficiosa para los trabajadores.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, sin embargo, rechazaron esta modificación y se negaron a abonar esta paga extraordinaria, argumentando que no podían asumir un gasto acordado entre la patronal y los sindicatos en unas negociaciones en las que la Administración no puede participar.

A LOS TRIBUNALES En Aragón, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), mayoritaria en el sector concertado, no entendió que la DGA sí se hiciera cargo de la anterior paga a la hora de la jubilación y no aceptara un plus similar, por lo que interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que dio la razón al sindicato.

El Gobierno de Aragón apeló al Tribunal Supremo, pero sus alegaciones no prosperaron y el alto tribunal falló que el Ejecutivo autónomo debe acatar la decisión del TSJA.

Esta sentencia del Supremo se conoció el pasado miércoles y la DGA dio ayer su valoración. En un comunicado, afirmó que acata el veredicto, pero avisó de que las limitaciones presupuestarias podrían condicionar el pago de esta gratificación.

Estos son algunos extractos de la nota de prensa. "Esta obligación de pago delegado que recae sobre la Administración no es de carácter ilimitado. Para determinar la extensión y alcance de la limitación referida, anualmente se fija en los Presupuestos Generales del Estado el importe del módulo económico por unidad escolar (que se transfiere a los centros concertados). El límite que determina el ámbito de la responsabilidad de la Administración con cada empresa viene dado por la cuantía que resulta de multiplicar el módulo económico por el número de unidades escolares existentes en esa empresa".

En otro párrafo, el Gobierno de Aragón subrayó: "(La sentencia) reconoce la existencia de límites presupuestarios ineludibles, pues no pueden las partes negociadoras de un convenio obligar inexcusablemente a un tercero, la Administración autonómica en este caso, que no lo suscribió ni participó en su negociación".

Por último, el comunicado concluye: "El Gobierno de Aragón manifiesta su disposición a asumir el pago de las cuantías a las que deba hacer frente, respetando los límites que establece la sentencia y que deberán determinarse en función de los hechos acreditados en cada caso por los centros concertados".

En Andalucía, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que vinculaba esta paga a las disponibilidades presupuestarias provocó que FSIE recurriera esta decisión. En Asturias, sin embargo, el tribunal de aquella comunidad fue tajante: "Las limitaciones presupuestarias no justifican la negativa de asumir esta responsabilidad salarial".

FSIE-Aragón calcula que la DGA debe pagar esta extra a unos 700 docentes. La cuantía es el equivalente al sueldo de cinco meses, por lo que podría rondar los 8.400 euros. En total, el sindicato estima que el Ejecutivo debe hacer frente a una transferencia de ocho millones de euros.