El futuro del hospital de Alcañiz está en manos de los partidos que pacten el nuevo Gobierno de Aragón. El Departamento de Sanidad reconoció ayer que, "por una cuestión de tiempo de los trámites administrativos" será el próximo Ejecutivo el que decida si formaliza el contrato con la empresa adjudicataria --la unión temporal de empresas OHL e Iridium-- por cerca de 400 millones de euros o echa atrás el proyecto que suponía la primera concesión de un hospital público a una empresa privada en Aragón. En ese caso, el próximo Gobierno debería asumir una indemnización a la UTE, aunque este extremo no fue confirmado ayer por la Administración.
Pero en el seno del departamento creen que el futuro Ejecutivo anulará el proyecto tal y como anunciaron todos los partidos de la oposición antes de las elecciones, lo que abocará al reinicio del proceso. En todo caso, el futuro del centro deberá decidirse en un mes y medio aproximadamente, ya que la adjudicación se hizo oficial el pasado 15 de mayo y, a partir de ese momento, hay diez días para la presentación de documentación por parte de la UTE mejor valorada y, una vez hecha la resolución de la propuesta de adjudicación, se dan 15 días más para posibles recursos por parte de las otras contratas que han participado en el proceso hasta formalizar el contrato.
LISTO PARA FIRMAR
"No se ha parado nada y todo sigue su curso, pero, por plazos administrativos estipulados, deberá ser el próximo Ejecutivo quien lo culmine", indicaron fuentes de Sanidad, que aseguraron dejar el contrato "listo para firmar e iniciar la construcción del hospital".
La más que posible anulación del proyecto de Oliván coincide con la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza de desestimar la paralización de la adjudicación de la obra del hospital de Alcañiz que fue solicitada por catorce organizaciones --entre ellas PSOE, CHA, Podemos, CCOO o la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública-- al considerar que suponía un nuevo paso en la privatización de la sanidad pública.
El auto del titular del juzgado, además de desestimar la paralización, ha ratificado que está garantizada la sanidad pública y no vulnera la legislación en materia sanitaria, a la vez que señala que no tiene nada que ver con otras fórmulas como la de Madrid. El juez precisa que mientras en la comunidad madrileña había una cesión de la gestión sanitaria a entidades privadas, en el caso del hospital de Alcañiz la prestación sanitaria se hace "en todo caso" con el personal del Salud, que "no pierde tal condición, ni cobra de la entidad gestora".
El juez concluye que las alegaciones planteadas "giran en torno a si es acertada o no" la decisión de construir el hospital bajo este sistema de construcción-gestión, lo que "escapa a la decisión de esta jurisdicción".
Asimismo, considera que en este caso "no se ha aportado argumentación jurídica relevante sobre graves infracciones del procedimiento que pudieran llevar a considerar la conveniencia jurídica" de paralizar el proyecto y añade que en la denuncia de los recurrentes sobre el sobrecoste del proyecto "no se aportan comparaciones con otros de similares características", indica el texto
