El Gobierno de Aragón se plantea como objetivo acabar en cuatro años con la lista de espera de personas dependientes que no reciben atención. El propósito del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) es suprimir esa nómina de afectados al comienzo de la próxima legislatura, según afirmaron a este diario fuentes del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
En estos momentos, Aragón cuenta con 32.946 dependientes reconocidos, es decir con derecho a recibir algún tipo de atención, ya sea económica o de servicios, pero solo lo hacen 19.163. De este modo, 13.783 aragoneses se encuentran en el denominado limbo de la dependencia --tienen reconocida su condición, pero no reciben atención--, lo que supone el 41,8% del total, según los últimos datos oficiales --correspondientes al 31 de agosto-- dados a conocer por el ministerio.
La cifra es ligeramente más baja que la de los últimos meses --42,7% en mayo de este año y 42,5% el pasado--. Con todo, Aragón continúa a la cola del país en cuanto al volumen de personas desatendidas se refiere, tal y como mostró el último informe del observatorio estatal de la dependencia, con datos de comienzos del verano. Ese 42% de la comunidad es el segundo más alto de toda España, solo mejor que Canarias (52,6%) y muy por encima de la media (31,5%).
MODERADOS
La razón de este alto porcentaje de personas que no reciben prestación o servicio reside, según fuentes de la Administración, en la entrada en vigor, el 1 de julio del 2015, de la plena implantación e integración del Grado I (dependencia moderada) --alrededor de 10.000 aragoneses se incorporaron entonces al sistema--.
Precisamente, el programa de ayuda para dependientes moderados puesto en marcha por la comunidad se extenderá a 18 centros de mayores en octubre. lo que beneficiará a 900 personas. El centro de Borja y el de Barbastro se han convertido en centros experimentales para la implantación de este plan de ayuda a moderados y que han constatado en estos meses sus buenos resultados. Se trata de un servicio de promoción de la autonomía personal y que tiene el fin de desarrollar y mantener la capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias.
"Hemos incorporado a 2.500 personas más y la lista de espera se ha rebajado porque había más de 15.000 personas aguardando, pero confíamos en que, si seguimos a este ritmo, podamos acabar con ella en cuatro años", insistieron desde el IASS.
De momento, desde la consejería se insiste en la necesidad de que el Estado haga frente a la parte que le corresponde en la financiación de la Ley de Dependencia. La titular del departamento, María Victoria Broto afirmó la pasada semana que la aportación del Gobierno central el año pasado fue aún menor de lo que se pensaba ya que no pasó del 16,48% y no el 19% como se venía diciendo desde el Ejecutivo autonómico. En todo caso, lejos del 50% que exige la DGA, que puso 188 millones frente a los 32 del ministerio.
En todo caso, desde la Administración se tiene el pleno convencimiento de que los datos de los próximos meses, hasta final de año, serán "mejores".
