La insoportable deuda pública que arrastran comunidades como Cataluña o la Comunidad Valenciana han puesto sobre la mesa de los socialistas la opción de reclamar al Estado una quita parcial de esa cantidad adeudada. El debate está abierto, pero fuentes del Ejecutivo autonómico descartaron ayer entrar en esta polémica, ya que el Gobierno aragonés ha abierto una negociación con la Administración central distinta. Esta se basa en la reclamación de la deuda histórica contraída a lo largo de los años, junto a las mermas tributarias que son el resultado de las modificaciones de leyes estatales que afectan directamente a la recaudación autonómica.

Asimismo, otro frente abierto de negociación para aliviar las delicadas cuentas de la comunidad es la posibilidad de negociar bilateralmente un marco de financiación específico para Aragón, tal y como contempla el Estatuto de Autonomía y que, por primera vez, ha sido aceptado por el Estado en la comisión bilateral celebrada hace menos de un mes entre ambas Administraciones.

Por tanto, estas dos serán las principales armas que esgrima la comunidad autónoma para obtener fondos del Estado, toda vez que el PSOE haya propuesto otras fórmulas para comunidades autónomas con una deuda mucho más elevada que la aragonesa.

CRÍTICAS // Es lo que han propuesto para Cataluña, en un intento de negociación con la comunidad vecina que, en cualquier caso, parece caer en saco roto y que ha generado críticas tanto en el Gobierno central como en los Gobiernos de otras comunidades. Pero ha servido para que la propuesta la agarren otras comunidades. Es el caso de Valencia, donde su presidente, Ximo Puig, ya ha anunciado su intención de que se condonen 20.000 de los más de 34.000 millones que adeudan al Estado. Es decir, casi el 60% de la deuda pública valenciana es con el Estado. En el caso de Cataluña, sucede lo mismo, ya que la deuda global es de 75.000 y 50.000 se adeudan al Estado, casi un 67%.

El porcentaje en Aragón es sensiblemente inferior, ya que de los más de 7.500 millones, solo 2.500 son con el Estado, un 33%.

La deuda histórica, cuantificada y desglosada por el Gobierno autonómico, y cifrada en algo más de 7.000 millones, no ha sido objeto de negociación por ahora, ante la negativa del Ejecutivo central, que no quiere abrir ese debate. Sin embargo, esta deuda histórica ha sido sufragada en algunos casos, como sucedió en el Gobierno de Zapatero con Andalucía o Extremadura, a las que se compensó generosamente. Esta deuda también es reclamada por Valencia. En ambos casos, con pocos visos de que prospere.

Por tanto, donde Aragón será contundente es en la negociación por una financiación justa y que se pueda debatir bilateralmente. De momento se ha dado un paso importante, en el sentido de que por primera vez esta posibilidad ha sido reconocida por el Estado. Si llega a buen puerto, está por ver.