Los servicios jurídicos del Gobierno aragonés han formalizado la demanda de ejecución de la sentencia a la que fue condenada en el 2003 la industria química Inquinosa por daños al medio ambiente en Sabiñánigo, con una reclamación final de 20 millones de euros que incluye intereses de demora.
La demanda, a la que tuvo acceso la Agencia Efe, fue presentada esta semana en los juzgados de Huesca para su tramitación e incluye numerosas peticiones para rastrear las propiedades y bienes a nivel internacional tanto de Inquinosa como de su representante legal durante el tiempo en que la industria estuvo activa en Aragón, Jesús Herboso.
Inquinosa y Herboso fueron condenados en abril del 2003 en la vía civil por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca al pago de 6,4 millones de euros al entender que con sus vertidos desde la planta que gestionaba la empresa en Sabiñánigo entre 1975 y 1989 causaron riesgos para la salud humana. El tribunal impuso una multa a la empresa de 4,6 millones, cantidad en la que fueron calculados los costes de sellado de los vertederos de Sardas y Bailín, y otra de 1,8 a Herboso por un vertido puntual a un barranco próximo al río Gállego, de cuyo pago hizo responsable subsidiario a la empresa.
La sentencia fue confirmada en octubre del 2004 por la Audiencia Provincial de Huesca y en julio del 2009 por el Tribunal Supremo, aunque los primeros intentos del Gobierno aragonés de hacer efectivo el pago de la indemnización fueron fallidos al carecer la empresa de un domicilio legal al que dirigirse y desconocerse sus bienes.
El Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés, a instancias del Departamento de Medio Ambiente y de sus propios servicios jurídicos, acordó el pasado día 10 solicitar ante los juzgados la ejecución de la sentencia y reclamar los 6,4 millones de euros fijados así como los intereses legales acumulados.
La demanda de ejecución establece diferentes conceptos y valoraciones económicas que imputa tanto a Inquinosa como a Jesús Herboso, y que incluyen los intereses de demora generados desde que se hizo pública la sentencia como un cálculo estimativo de los que se podrían acumular desde la actualidad.
Para hacer posible el pago de las indemnizaciones, los servicios jurídicos del Gobierno aragonés reclaman el embargo de varias parcelas en Sabiñánigo aún en propiedad de Inquinosa, así como el de las acciones de la empresa que podrían obrar en poder de Herboso, de quien también se piden datos sobre su participación en la propiedad de dos locales en Bilbao. También se solicita el envío de una comisión rogatoria a Rumanía para indagar con la justicia de dicho país la vinculación de Inquinosa con una empresa pública del país, Oltchim, con la que se habría asociado para formar una industria, Oltkino, dedicada a la fabricación del pesticida lindano, el mismo que se producía en Sabiñánigo.
Al parecer, según las fuentes citadas, está empresa supuestamente vinculada con Inquinosa, que mantiene una dirección en Madrid, desarrolla su producción en el valle rumano de Ramnicu y habría provocado ya alguna queja desde la Unión Europea.
