El mayor problema de la lucha contra el lindano no es solo el mucho dinero y tiempo que costará. El nudo de la cuestión es, sobre todo, el insuficiente desarrollo de la técnica necesaria para eliminarlo totalmente. Así de claro lo reconoció ayer en Zaragoza el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona.
«Estamos lejísimos de una solución porque no tenemos los conocimientos ni la tecnología necesarios para poder resolver el problema», subrayó el responsable de la DGA en el acto de presentación del plan estratégico de lucha integral contra el lindano, que el próximo 1 de diciembre expondrá ante las Cortes de Aragón. El documento cifra en 550 millones el coste económico de la descontaminación, un proceso que durará 25 años.
El plan, elaborado por un comité de expertos, se propone descontaminar los restos de lindano existentes en tres emplazamientos de Sabiñánigo, donde se ubicaba la fábrica que produjo este plaguicida hasta finales del siglo pasado. Unos restos que se infiltran en el subsuelo, llegan al río Gállego y contaminan los sistemas de abastecimiento de agua de las localidades ribereñas, entre la capital del Serrablo, Zaragoza y, a partir de este punto, hasta la desembocadura del Ebro.
TRES EMPLAZAMIENTOS
«El problema, ahora, no es la financiación, sino encontrar soluciones, porque, aunque tuviéramos todo el dinero preciso, no lo podríamos aplicar de forma eficaz», insistió el consejero, que aseguró que ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Unión Europea conocían hasta hace poco la «gravedad» del reto que plantea acabar con el lindano.
El plaguicida que se quiere eliminar se encuentra en tres emplazamientos: el vertedero de Bailín, el existente en Sardas y la fábrica de Inquinosa. Se trata, según explicó la directora general de Sostenibilidad, Sandra Ortega, de un objetivo «complejo» por la gran cantidad de residuos que habrá que tratar, que están compuestos de materiales muy distintos y, en algunos casos, muy peligrosos.
UBICACIONES COMPLEJAS
A ello se une la dificultad de trabajar en ubicaciones complicadas por sus características geológicas, como los citados vertederos, situados junto al río Gállego, y la propia fábrica del herbicida, que se encuentra en la trama urbana de la capital del Serrablo.
El plan de acción, resumió la directora general, se basa en seis acciones que abarcan medidas como garantizar el abastecimiento de agua potable, confinar los residuos, bombear el contaminante, descontaminar el subsuelo y los suelos superficiales y la eliminación integral de los restos de lindano.
Olona y la directora general se mostraron partidarios de, siempre que se pueda, eliminar el lindano sobre el terreno. «Cuanto menos se mueva», para llevarlo al vertedero de Bailín, «mejor», dijo Sandra Ortega en referencia a los restos existentes en la antigua fábrica. Pero, advirtió el consejero, estas acciones no resuelven el problema, «que es la destrucción total» de la sustancia química.
La tecnología para llegar a ese punto todavía se tiene que inventar y, además, según Olona, habrá que cerciorarse de que la eliminación integral no tiene «efectos peores» que los que se pretende evitar.
La financiación, reconoció, será otro capítulo difícil de llevar a cabo. Procederá, básicamente, del Gobierno de Aragón, del proyecto Life, de la Unión Europea (fondos Feder y Horizonte 2020) y de lo que denominó «compra pública de innovación», un sistema diseñado para atraer la participación de entidades públicas y privadas que aporten sus distintos conocimientos técnicos.
