El Gobierno de Aragón regulará la actividad de las empresas que actúan como intermediarias en la concesión de créditos de consumo y deberá crear un registro en el que estas habrán de estar inscritas para poder operar.
El acceso a la información de ese órgano de control debe ser público, según establece la normativa estatal, para cuyo desarrollo están habilitadas las comunidades autónomas desde abril del 2009. Es decir, los dos últimos años del Gobierno del PSOE y los casi tres primeros del PP, ambos apoyados por el PAR.
La Comisión de Economía y Empleo de las Cortes de Aragón aprobó esta semana por unanimidad una resolución en la que fueron fusionados los textos inicialmente propuestos por CHA y por IU. En ella instan a la DGA a tomar esas medidas como un medio para proteger a las víctimas de estafas financieras.
La tramitación de créditos de consumo es uno de los procedimientos que algunos estafadores utilizan con relativa frecuencia para cometer sus delitos.
Colocan a sus víctimas productos de escaso valor o les hacen firmar el compromiso de adquisición de otros que no recibirán al tiempo que les ofrecen un plan para financiar la operación.
CINCO AÑOS
En la práctica, esta suele consistir en la contratación de un crédito de consumo --en ocasiones, especialmente cuando se trata de personas mayores, sin informarles de ello-- cuyos fondos van a parar a las cuentas de la empresa que utiliza el estafador mientras el cliente engañado adquiere el compromiso de devolvérselo al banco.
En ocasiones, los prestamistas actúan como chiringuitos financieros que ofrecen a sus clientes dinero con cómodas condiciones de devolución que luego resultan difíciles de cumplir.
La proposición no de ley aprobada por la Comisión de Economía y Empleo insta a la DGA a "dar cumplimiento" a la disposición de la ley que regula la intermediación crediticia, aprobada en el 2009 y que faculta a las comunidades autónomas para establecer sus propias normas en esta materia y para crear registros autonómicos de las empresas que operan en el sector.
ARGUMENTOS
La resolución insta también a la DGA a colaborar con Adevif (Asociación de Estafados de Víctimas Financieras) cuando esta se haya inscrito en el registro autonómico de entidades de consumidores y usuarios.
Además, urge a promover "cuantas actuaciones y medidas sean precisas para evitar que se sigan produciendo este tipo de actuaciones fraudulentas y delictivas, tanto en el ámbito de la divulgación y protección de los consumidores, como con la adopción de las medidas normativas que se entiendan adecuadas para prevenir la comisión de este tipo de delito".
El texto presentado por Chunta Aragonesista señalaba como uno de los "problemas fundamentales" para el control de este tipo de créditos el hecho notorio de que "no se consideran una materia financiera y, en consecuencia, quedan al margen de los organismos de control como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores".
Están catalogados legalmente como una materia de consumo, incluso en lo referente a la tipificación de las infracciones y a las sanciones que estas acarrean a quienes las cometen.
La propuesta de Izquierda Unida, por su parte, denuncia la actividad de chiringuitos y de prestamistas privados que inducen a sus víctimas a "realizar disposiciones patrimoniales que terminan siendo gravemente perjudiciales para ellos, aprovechándose en muchas ocasiones de sus necesidades económicas".
