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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La DGA rescinde los contratos para construir las depuradoras del Pirineo

La modificación de las condiciones no funcionó porque los cambios eran legalmente inviables. La ejecución de los proyectos se ha visto impedida por la falta de financiación y de rentabilidad

 

Inés Torralba y Joaquín Olona, ayer, anuncian en la sede del Gobierno de Aragón el fin del plan de depuración. - GOBIERNO DE ARAGÓN

F. V.
22/06/2017

El Gobierno de Aragón ha decidido no seguir adelante con el plan de depuración del Pirineo, un proyecto víctima de su propia desmesura. Las depuradoras planeadas eran demasiado grandes y costosas para las necesidades de los pueblos, hasta el punto de que ni siquiera las empresas adjudicatarias lograban que los bancos les prestaran dinero.

Esta situación, que se agravó con la crisis inmobiliaria, ofrecía además insalvables dificultades jurídicas, dado que los sobredimensionados contratos iniciales no se podían modificar, según la DGA. Por si fuera poco, las concesionarias no cumplían todos los requisitos y los municipios afectados no estaban de acuerdo en aspectos como la tecnología, la ubicación y las conexiones entre poblaciones. Además, en algunos casos era imposible construir colectores para reunir los vertidos de varios núcleos.

Los contratos tenían una vigencia de 20 años y fueron licitados en el 2008, si bien el plan se concibió en 1993, durante el Gobierno en coalición del PP y el PAR. Cubrían en total 296 núcleos habitados, pero de las cuatro zonas contempladas solo se han hecho 20 depuradoras en localidades ribereñas del Gállego, solo un tercio de las planificadas en ese río. El coste total de la inversión ascendía a 358 millones de euros, una cifra que podría encogerse hasta los 75 millones.

SIN PRESIONES // «Cada contrato tiene sus características», precisó ayer Inés Torralba, directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), que compareció junto al consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, para anunciar que el plan no se llevará a efecto como estaba concebido. Torralba hizo hincapié en que «no se pueden modificar los contratos que afectan a las condiciones esenciales de la licitación», uno de los argumentos de más peso para dar marcha atrás al proceso para depurar las aguas de los principales valles pirenaicos.

De momento, dos de las cuatro concesionarias, una por cada gran eje fluvial del Pirineo, han presentado sendos recursos contencioso-administrativos por considerarse lesionadas en sus intereses, en particular por el denominado lucro cesante. Exigen indemnizaciones por valor de siete millones de euros cada una de ellas.

De todas formas, lo que se haya realizado hasta la fecha deberá pagarse, si bien la obra ejecutada es prácticamente inexistente, señaló la directora del IAA. Joaquín Olona subrayó que la rescisión se ha decidido tras contar con informes jurídicos y de la Cámara de Cuentas que dan «cobertura legal» a la medida adoptada por la DGA.

El consejero de Desarrollo Rural aseguró que él mismo «ha impulsado» el proceso para la rescisión del contrato, «desde el principio de la legislatura». Recalcó asimismo que él en ningún momento se ha visto presionado y que considera «razonables» las reticencias al plan de depuración por parte de algunos municipios.

Olona manifestó que la voluntad del Gobierno de Aragón es «anular el procedimiento concesional», pero que el objetivo del plan, «que es depurar», no se pierde. «La voluntad política es iniciar y ejecutar las obras en una situación financiera más favorable para la Administración autonómica y para los ciudadanos», declaró.

LA ZONA 10 SIGUE // En este sentido, aclaró que en adelante se avanzará en función de la disponibilidad de terrenos y que ya hay fecha para iniciar los trabajos en lugares como Hecho y Ansó. Por otro lado, también están pendientes las depuradoras del Maestrazgo, el Bajo Aragón y el Matarraña (Zona 10), con un presupuesto de 18 millones y un plazo de ejecución hasta el 2020.

Torralba calificó el plan de depuración del Pirineo de «dislate» y dijo que la población beneficiada se calculó inicialmente en 160.000 personas, una cifra exagerada incluso teniendo en cuenta las segundas residencias. De hecho, señaló que incluso una estimación de 100.000 residentes resulta errónea, ya que el territorio objeto de la actuación cuenta con «20.000 habitantes reales».

Este cúmulo de circunstancias ha acabado dando al traste con un plan que, de hecho, proponía algunas depuradoras que eran totalmente «innecesarias», en palabras de la propia Administración. La construcción de deteminadas plantas se había ido demorando pese a que no había dificultades de ningún tipo, lo que se ha considerado un incumplimiento parcial por parte de las concesionarias.

Ahora, el plan seguirá adelante, pero deberá amoldarse a las modificaciones que sufra la normativa aragonesa de saneamiento, que se está revisando. En cuanto a plazos, Olona dijo que no se puede exigir la inmediata terminación de una iniciativa que se remonta a 1993.

Diez mil días informando

Suplemento especial del 3 de junio de 2018 con motivo del número 10.000 de El Periódico de Aragón.

   
4 Comentarios
04

Por Pedro Moncada 19:49 - 22.06.2017

Eso sí, el impuesto de contaminación de las aguas ICA, que se han sacado de la manga los de la DGA, para recaudar, tendremos que pagarlo los Zaragozanos, sí o sí, pese a que nos hemos sufragado nuestra depuradora, pagándola a toca teja, nosotros solitos. Manda narices.

03

Por Glupin 18:22 - 22.06.2017

Fer y desfer. En Aragón nos pasamos la vida deshaciendo lo que otros hicieron. Así van pasando las legislaturas.

02

Por zag 10:30 - 22.06.2017

Licitados en el 2008,por el Gobierno del PSOE - PAR.Si hubieran estado mal porque los licitaron.Estos son los responsables del dinero a indemnizar.

01

Por Toparis 9:46 - 22.06.2017

Ya era hora.