El Gobierno de Aragón ha satisfecho en su práctica totalidad la deuda que contrajo con las clínicas abortivas privadas --Actur y Almozara-- que, hasta el 2012, eran las únicas acreditadas y autorizadas para practicar abortos. En el primer trimestre del 2012, ambos centros, que se fusionaron, llegaron a negarse a seguir practicando intervenciones derivadas del Salud como medida de protesta por el impago de la Administración desde el 2011 y que superaba el millón de euros. La DGA comenzó a pagar semanas después.

En la actualidad, según fuentes consultadas por este diario, Sanidad habría abonado ya las cantidades pendientes de los años 2012 y 2013 y la demora ahora apenas alcanzaría los tres meses. "Aquel problema quedó solventado", indican desde los centros.

Pero las dificultades económicas fueron demasiado fuertes para la clínica Almozara, que se vio obligada a cerrar hace unos meses por quiebra financiera tras ser absorbida por Actur, que queda ahora como una de los dos únicas vías acreditadas por Sanidad para realizar interrupciones del embarazo derivadas del Salud. La otra es la clínica AMEC, a la que la DGA autorizó cuando las otras dos se negaron a seguir practicando abortos hasta que no se les pagara. AMEC practica abortos hasta las 14 semanas de gestación mientras que Actur los realiza hasta la semana 22.

En el reparto llevado a cabo en el 2012, el Salud adjudicó a La Almozara y Actur el sector 3 (con el hospital Clínico y el Inocencio Giménez), el de Huesca, el de Calatayud y el de Barbastro, mientras que a la clínica AMEC le quedaron los sectores 1 y 2 de Zaragoza (incluyen el Miguel Servet, el Grande Covián y el San Juan de Dios, entre otros), el de Teruel y el de Alcañiz, lo que supone un 50% de los abortos para cada centro.