Paralelamente a la posible responsabilidad penal de la mujer, la DGA sigue con su anunciada campaña de inspección de residencias para evitar que se repitan casos como el de Santa Fe, que según se ha ido revelando funcionaba sin licencia municipal --expresamente denegada-- y con un expediente incoado por la DGA por reiterados incumplimientos en la reparación de las deficiencias detectadas. Los responsables de la residencia reconocieron desde el comienzo el tema de la licencia pero afirmaron que las irregularidades eran de poca entidad.
