El Gobierno de Aragón acusó ayer de «cobardía» al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, por amparar el recurso de la Generalitat de Cataluña contra la providencia que ordena el regreso de las 44 piezas del museo de Lérida. «El Gobierno de España ha presentado un recurso para impedir la devolución y esto es una falta de respeto insoportable para la comunidad autónoma, un insulto contra la dignidad de los aragoneses», indicó la consejera de Cultura, Mayte Pérez.
Para el Ejecutivo autonómico la estrategia de dilación, redactada tras la toma de control de la autonomía a raíz del artículo 155, implica plegarse «a los intereses de Cataluña por encima de las decisiones judiciales». Un gesto entendido como una «deslealtad institucional, incomprensible para los demócratas» con la que desde el Gobierno de España se están «reproduciendo los argumentos de Carles Puigdemont».
La notificación judicial ha sido recibido con sorpresa, pues la DGA ya ha comenzado a trabajar en la posible recepción de las piezas el próximo lunes. «Aragón está profundamente decepcionada con la actitud del Gobierno central», indicó, al considerar que no se está garantizando «la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley». Y al mismo tiempo lamentó la estrategia que deja entrever la maniobra. «Está claro que el único objetivo del ministro Méndez de Vigo con este recurso es exonerar las responsabilidades penales en las que sabe que incurría si no ordena la devolución de los bienes», precisó Pérez.
Unidad política
El Gobierno de Aragón anunció que está preparando «una respuesta adecuada» a lo que consideran una «agresión» por parte del Estado. Además, la consejera de Cultura pidió el impulso «decidido» de todas las fuerzas políticas y sociales aragonesas en la consecución de la vuelta de las obras retenidas en Lérida. «Es necesario que apoyen el regreso inmediato de las 44 piezas sin más dilaciones». Desde el Ejecutivo apostaron por «un frente común» para hacer frente «a las decisiones desleales» al entender que «ha quedado demostrado que los aragoneses han quedado desprotegidos» en este litigio. «Dependemos únicamente de nosotros mismos para conseguir nuestras causas legítimas, la unión de la sociedad y de las instituciones aragonesas es la única garantía del cumplimiento de la justicia y la única que podrá devolvernos la dignidad».
Por el momento la DGA defiende que el recurso no ha paralizado la ejecución provisional.
