El orden del día de la comisión bilateral entre el Estado y Aragón que se celebrará el próximo 27 de junio ya es motivo de desavenencia, algo que evidencia la dificultad de que del encuentro salgan algo más que «pequeños acuerdos». Sin embargo, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, consciente de los escollos, todavía no rebaja las expectativas. «Queremos que la reunión sea útil y para eso es necesario hablar de los temas que interesan en Aragón y que se cumplan», aseguró.

El fondo de la cita, que será presidida por la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y el secretario de Estado Roberto Bermúdez de Castro, debería ser la forja de un acuerdo bilateral económico-financiero en el que se precise el desarrollo del artículo 108 del Estatuto de autonomía, algo en estos momentos muy lejano.

El consejero considera que este camino permitiría despejar los conflictos competenciales de los que se deriva una deuda histórica que se está calculando en las Cortes de Aragón. Por ahora la cifra se ha cuantificado en 7.500 millones. «Necesitamos un reconocimiento de nuestras singularidades», reconoció. Entre ellas figuraría el descenso demográfico y la falta de infraestructuras.

Además, el Gobierno de Aragón propondrá que se modifique el reglamento de funcionamiento de la comisión bilateral para que exista un órgano de seguimiento de los pactos.

financiación / El problema competencial también se incardina en el debate del modelo de financiación autonómica que se está tratando en toda España. Guillén denunció que en las últimas semana ya ha habido «una cesión», desde el punto de vista financiero, hacia el País Vasco y Canarias que consideró una forma de «minusvalorar» las reclamaciones de las comunidades de interior. «Nos están negando el pan y la sal», expresó.

Por el momento sigue sobre la mesa la posibilidad de abandonar el actual foro de negociación estatal, aunque todavía prima la prudencia. «No aceptaremos ninguna merma de ingresos», definió.

De hecho, el representante de Aragón en la comisión de expertos encargada de revisar el actual modelo de financiación, Alain Cuenca, ya mostró el pasado lunes su rechazo al «inaceptable» fondo de nivelación propuesto en este grupo de trabajo que pretende igualar a las comunidades quitando fondos de unas para dárselos a otras.