La Dirección General de Tráfico (DGT) quiere frenar en seco el aumento de muertes en las carreteras españolas e impulsa un paquete de medidas para cortar esta sangría que en el 2017 se cobró la vida de 1.200 personas en 1.067 accidentes, la peor cifra en cinco años. Para ello, la DGT anunció ayer una nueva Ley de Tráfico para febrero, con la reforma de los exámenes y la revisión del carnet por puntos. En esta línea, «está a punto de aprobarse» la medida que posibilitará que los reincidentes por delitos relacionados con el consumo de alcohol y drogas puedan perder el carnet si así lo dicta un médico.

Gregorio Serrano, director general de Tráfico, presentó ayer su nuevo proyecto de seguridad vial, después de que se registraran en los últimos doce meses 39 muertos y 28 accidentes más que en el 2016, guarismos que suponen un incremento del 3% con respecto al ejercicio interior. Las reformas que plantea se pondrán en marcha durante este año, con el objetivo de ser implementadas en el 2019.

«Vamos a proponer una nueva Ley de Tráfico que ha estado diseñada en 52 grupos de trabajo, que han debatido multitud de aspectos de esta ley. Una vez acabadas las aportaciones, estamos en condiciones de hacer una propuesta de Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Después, los padres de la patria tendrán que decirnos si están conformes o no», explicó.

Además de la reforma del modelo de formación vial, también se revisará el sistema del carnet por puntos en el marco de la nueva norma. «El aumento o decremento de las sanciones de los puntos será en el marco de la nueva ley y la nueva regulación de la formación vial en España», sostuvo Serrano, que espera que la medida sea un «revulsivo casi parecido a cuando se implantó» este sistema, allá por el verano de 2006.

Estas iniciativas también incluyen más radares en vías convencionales (también de tramo), la publicación trimestral de lo recaudado por sanciones de velocidad, un nuevo plan que incentive la renovación del parque móvil nacional y la adquisición de drones para controlar el asfalto desde las alturas.

Los datos del último informe de siniestralidad (que computa las víctimas en vías interurbanas con datos contabilizados a 24 horas) suponen la peor cifra desde el 2013, cuando se registraron 1.134 fallecidos, un 6% menos que en el 2017. El número de fallecidos ya superó el pasado 19 de diciembre al de todos los de 2016, convirtiéndose 2017 en el segundo año consecutivo en el que se incrementa el número tras 14 seguidos de descensos.

Desde el 2004, la siniestralidad vial ha ido disminuyendo pero la tendencia se rompió en el 2016, con 30 fallecidos más que en el 2015. Desde hace dos décadas no se producían dos años consecutivos de aumento en las víctimas mortales. Entre los muertos, ha crecido el número de ciclistas (44 fallecidos frente a 33) y motoristas (240 frente a 214), así como los registrados en furgonetas y turismos. Sin embargo, han descendido los peatones (91 frente a 120).

Ante esta situación, Tráfico aprobará enste año el Plan estratégico estatal de la bicicleta, la estrategia de seguridad vial 2018-2020, además de la plataforma del vehículo conectado DGT 3.0, el Plan estratégico del vehículo y el Plan de medidas contra la siniestralidad de colectivos vulnerables.

El balance fue tachado de «más que negativo» por la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes, que junto a la consultora PONS Seguridad Vial propuso un mayor control de velocidad. Los accidentes «ya no son un tema que preocupe ni alarme en exceso», argumentan estos colectivos, por lo que los políticos no tienen prisa por solucionarlo.

La principal iniciativa que solicitan es la homogeneización de la velocidad máxima permitida en carreteras secundarias a 90 kilómetros por hora, y una mayor vigilancia física que erradique el uso del móvil al volante. De igual modo, reclaman más fondos para eliminar los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) y endurecer las penas para estos delitos.

La bajada de la velocidad fuera de las autopistas ya fue propuesta en época de Pere Navarro y María Seguí, los antecesores de Serrano. Con el minstro Juan Ignacio Zoido (que perdió un hijo de 18 años en la carretera en el 2002), tras las críticas recibidas por su predecesor Jorge Fernández Díaz, ahora el director general pasa a la acción con medidas concretas.