El dictamen que recogerá las conclusiones de la ponencia para el estudio de la financiación autonómica de las Cortes de Aragón ya está en su recta final. Esta semana, los trabajos se centrarán en acordar un frente común entre los siete grupos sobre la extensión de una futura autonomía tributaria. También se quiere incluir el criterio del sobreenvejecimiento como un indicador a la hora de distribuir los fondos entre las comunidades.
El texto que previsiblemente llegará a su debate en el pleno a finales de septiembre se está elaborando gracias a los aportes de todos los expertos que pasaron por la comisión informativa. «Nuestra intención es entregarle al Gobierno de Aragón un documento que sea la voz de toda la comunidad», indicó la coordinadora de la ponencia, Elena Allué (PAR).
Hasta el momento, el consenso ha sido la norma habitual en los debates. En la jornada de hoy abordarán la discusión sobre la bilateralidad Aragón-Estado en las relaciones económicas y la posibilidad de desarrollar al máximo el Estatuto de autonomía. «Queremos priorizar el beneficio autonómico sobre las posiciones particulares de cada partido», expresó Allué.
En todo caso, será en el debate parlamentario del informe en el que se pondrá a prueba el consenso final frente al dictamen. Como se está redactando sin votos particulares serán los portavoces de los distintos partidos los que pongan sobre la mesa aquellos aspectos que no se han tratado por presentar mayores diferencias ideológicas.
Entre los puntos que ya se han cerrado destaca el compromiso de que ninguna comunidad reciba menos fondos con la reforma o la garantía de que los servicios básicos seguirán dotados independientemente de la Administración a la que le corresponda el pago.
Por la comisión parlamentaria han pasado un gran número de expertos, tanto aragoneses como de otros puntos de la geografía española.
