O. C. B. fue juzgado en octubre del año pasado junto a nueve personas más por estar al frente del primer laboratorio de procesamiento de speed (sulfato de anfetamina) que fue desarticulado por la Policía Nacional. Sus compañeros de banquillo decidieron aceptar penas de entre dos y cuatro de prisión, tras ser asesorados por sus abogados, José Cabrejas, José Luis Melguizo, Javier Notivoli y Carmen Sánchez, si bien este joven se enrocó en negar la acusación. Solo admitió que en su haber tenía 400 gramos de anfetamina, 213 gramos de cocaína y dos kilos y medio de hachís, pero que eran «para el menudeo con el que se pagaba el alquiler de la casa y para consumo».

Ahora, la Audiencia Provincial de Zaragoza le acaba de imponer nueve años de prisión por un delito de tráfico de drogas y un año por estar integrado en un grupo criminal. También le impone una multa de 1 millón de euros.

Como pruebas inculpatorias, los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza resaltan, en una sentencia emitida tres meses después de celebrarse la vista oral, los pinchazos telefónicos «a través de los que se detectó la existencia de un grupo de personas dedicadas a la distribución de distintos tipos de sustancias ilícitas en Zaragoza, al frente del cual yostentando la máxima autoridad, estaba el acusado O. C. B, que se dedicaba a la venta de dichas sustancias, bien directamente o a través de intermediarios parte del referido grupo».

Destacan también que para realizar sus actividades utilizaba tres inmuebles en la localidad de Anento, dos de ellas naves industriales. También tenía un espacio habilitado para el cultivo de marihuana. Durante el juicio, los investigadores insistieron en que O. C. B llegó a «colaborar» con ellos el día de la detención, ya que «contó hasta qué producto lo usaba para el ph de la droga».