La despoblación promete ser en adelante el caballo de batalla de las tres diputaciones provinciales aragonesas. De ahí que las tres instituciones, las que mejor conocen la realidad del Aragón rural, se propongan no solo recabar fondos del Estado, la comunidad y Europa para evitar la emigración, sino que estén continuamente afinando sus planes de ayuda con la vista puesta en armar a los municipios para que puedan realizar inversiones que contribuyan a fijar la población.
Pronto, los días 22 y 23 de julio, un congreso organizado por la Diputación de Huesca (DPH) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abordará en la capital oscense los riesgos que colocan a la España interior al borde del vacío demográfico: la emigración, el envejecimiento y el aislamiento respecto de las vías de comunicación y del mundo digital.
La preocupación es patente en las corporaciones provinciales. En el último pleno de la de Zaragoza, por ejemplo, se aprobó el plan Plus, que es bienal y está dotado con 50 millones que se repartirán entre los 292 entes territoriales de la provincia de Zaragoza.
Esta iniciativa, que es novedosa y agrupa 30 planes específicos preexistentes, dio lugar a un debate sobre los criterios que deben regir el reparto de las subvenciones destinadas a los pueblos. Para Francisco Javier Artajona, portavoz del PP, se trata de que la despoblación sea un criterio fundamental a la hora de distribuir los recursos.
ALTITUD
Para Francisco Compés, del PSOE, habría que buscar mecanismos para que el dinero afluya a las localidades en función de su distancia a Zaragoza, la cercanía o lejanía respeto a la red de autovías y la altitud a la que se encuentran. «No es lo mismo un pueblo situado en una sierra que otro ubicado en un valle», señaló.
De esa forma se aplicaría una discriminación positiva hacia los núcleos que corren mayor peligro de extinción, que en el caso de Zaragoza son siete de cada 10 pueblos, 203 en total, frente a los 194 de Teruel y los 144 de Huesca.
Todos los grupos, no obstante, coincidieron en que lo esencial es incrementar la autonomía de los municipios a la hora de obtener ingresos, fijar objetivos y prioridades y hacer la consignación presupuestaria correspondiente.
La DPH hace hincapié en la extensión de la banda ancha y la fibra óptica en su provincia, para lo que ha lanzado un plan que cuenta con 6,5 millones de presupuesto, con la vista puesta en el horizonte del año 2000.
VENTAJAS FISCALES
Para su presidente, Miguel Gracia, el acceso a la realidad digital es tan importante para las zonas rurales como las grandes infraestructuras viarias los son para las ciudades. Con todo, dijo, «no todo es cuestión de dinero», y aseguró que los cambios legislativos ayudarían «mucho» a paliar la brecha que separa el campo de la ciudad.
En este sentido, en todos los foros donde se aborda el porvenir de los pueblos hay un tema recurrente: la política fiscal. Eso significa que los emprendedores del medio rural deberían beneficiarse de un trato especial, en forma de exenciones, subvenciones o rebajas de impuestos.
«En las zonas rurales es difícil crear y mantener empresas, ya sean tiendas o talleres, y los emprendedores no tienen ventajas fiscales ni de cotización a la Seguridad Social», manifestó Roberto Orós, alcalde de Loarre, en la provincia oscense.
«Al haber pocos habitantes, no solo es difícil contratar a personas que trabajen en un área determinada, sino que además es muy difícil garantizar la continuidad de los negocios una vez cesan en la actividad los que la iniciaron», añadió Orós.
La escasez de habitantes se traduce en poca mano de obra y emprendedores. Una panadería que cierra en un pueblo es muy complicado reabrirla: los candidatos a seguir con ella no se agolpan a la puerta.
HERRAMIENTAS
Ante este panorama, las diputaciones ven en el reparto de fondos una herramienta con la que hacer frente a la situación. De ahí que, recientemente, el pleno de la DPZ aprobara solicitar a la DGA 50 millones con el fin de crear un fondo especial contra la despoblación.
Esta partida, de conseguirse, se incorporará a los recursos que aporta la Unión Europea en las tres provincias. Además, en Teruel se dispone de otra fórmula, denominada Inversión Territorial Integrada (ITI), que abarca desde el 2014 hasta el 2020.
