La capacidad de Enrique Irazábal para engatusar a los inversores en su macroestafa de falsas plantas de fabricación era tal que hasta el director de su sucursal bancaria, después de que la entidad le hubiese denegado una segunda línea de crédito para una instalación en Gallur, puso de su bolsillo 60.000 euros para el negocio.

Así lo explicó ayer el bancario, Jaime R. Q., en la segunda jornada del juicio contra Irazábal y otros seis acusados por una macroestafa de 4,2 millones. Anteayer, el citado cerebro de la trama y sus dos colaboradores más próximos admitieron que habían urdido este falso negocio de fabricar contenedores con fines humanitarios, con el que engañaron a al menos 37 particulares y empresas.

Ayer declararon también los instructores policiales, que certificaron que el único dinero que entraban en las sociedades del entramado de Scinet era el que aportaban los perjudicados -que hoy comenzarán a declarar-, pero que no hubo ninguna actividad, «todo humo». De hecho, Irazábal (o Hugues, uno de sus alias) había hecho lo mismo en EEUU, donde fue condenado, y se aprovechó de la identidad de su entonces abogado para situarlo como ficticio dirigente de la empresa.

Ayer también declaró el exalcalde de Gallur, Antonio Liz, que explicó que sacó a subasta los terrenos para la fallida fábrica a bajo precio porque era un proyecto «muy ilusionante», hasta que se olió la estafa y rompió el acuerdo.