La nueva directora general de Función Pública y Calidad de los Servicios, María Arantzazu Millo, ha asegurado hoy que, "personalmente", duda "mucho" de que la ley de función pública se pueda presentar en las Cortes antes del fin de esta legislatura, debido a que no hay acuerdo con las centrales sindicales.
No obstante, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda a solicitud de PP y Podemos para explicar las principales líneas de actuación de su área y sus objetivos, Millo (que fue nombrada en abril) ha insistido en que el retraso en la aprobación de la norma, pendiente desde hace once años, "no es óbice" para hacer las modificaciones necesarias que redunden en el beneficio de la gestión cotidiana, la movilidad y la carrera profesional de los funcionarios de la Comunidad.
Millo ha desgranado las cinco líneas de actuación en las que se va a basar su trabajo, la primera dar un "considerable impulso" a la administración electrónica y los procesos telemáticos susceptibles de integración en el sistema de recursos humanos, haciendo antes un estudio de necesidades que faciliten la transparencia en los concursos y en las listas de espera.
En segundo lugar, avanzar en las convocatorias de traslados en la administración general, con el objetivo de disminuir la provisionalidad y favorecer la carrera profesional, haciendo una revisión completa del sistema de puestos de trabajo.
La directora general ha explicado en este sentido que esta legislatura se han convocado 3.907 plazas para el traslado de funcionarios, esfuerzo que se ha intensificado el pasado mayo con la publicación de la convocatoria de traslados de secciones generalistas y de Patrimonio Cultural, Informática y Facultativos y Sanitarios.
El tercer objetivo es adoptar medidas para la generación y estabilización del empleo público, con 1.700 plazas de las que 244 corresponden a oferta ordinaria y en torno a 1.500 a estabilización, aunque todo dependerá de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, ha reconocido.
En cuarto lugar está la provisión de un marco normativo de prevención de riesgos, que ya ha comenzado a ponerse en marcha, con la constitución en abril de un grupo de trabajo.
Finalmente, el quinto objetivo es avanzar en la modificación de la administración pública dentro de un plan general de mejora de la calidad de los servicios públicos.
A lo largo de 2018, en esta línea, se contará, según Millo, con un instrumento para la medición de la calidad de la prestación de los servicios y se elaborará un manual de acogida para el personal de nueva incorporación.
También ha anunciado que está avanzado un plan de igualdad, cuyo diagnóstico podría estar concluido a finales de junio como paso previo a la elaboración de una propuesta técnica, que estaría lista en julio y que sería definitivamente aprobado por el Consejo de Gobierno a finales de año.
