La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se plantea presentar una demanda contra el Gobierno de Mariano Rajoy para obligarlo a aportar al presupuesto que se destina a la aplicación de la Ley de la Dependencia los recursos necesarios para que se cumpla.
Así lo anunció el director de la asociación, José Manuel Ramírez, y lo confirmó ayer a este diario Gustavo García, portavoz del colectivo en Aragón. Denuncian que el dinero previsto en las cuentas del 2016 no da para atender a los dependientes que tienen derecho a ello, sobre todo al último grupo incorporado a la lista de beneficiarios: los dependientes moderados que tras varios retrasos entraron en el sistema el pasado 1 de julio.
La demanda no será inmediata y van a buscar apoyos de otros colectivos para apostar por un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional que presentarían en enero. "Nos lo planteamos de una manera seria y forzosa, porque no se puede permitir que un Gobierno sea insumiso con las leyes que aprueba, porque no las cumple. Insisten con otras cosas en que las cosas se deben cumplir, pero cuando la responsabilidad cae sobre ellos miran para otro lado. Y no hay leyes de segunda categoría, todo se debe cumplir bajo el mismo amparo. Así estudiamos con toda la intención esa denuncia", explicó García.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ya se planteó una denuncia a nivel europeo pero "no cuajó porque suponía mucho coste", según el portavoz aragonés. Exponen que el incremento de inversión estatal para el año próximo es de 75 millones de euros, lo que deja la cifra total de gasto en dependencia para el 2016 en 1.252 millones. Según los números que maneja el colectivo, con ese incremento anual "se necesitarían 25 años para atender a todos los dependientes".
PROPORCIÓN DESIGUAL
La financiación para las arcas autonómicas también "ha golpeado" a Aragón en los últimos años. La proporción de inversión en aplicación de la dependencia es ahora mismo "sumamente desigual", según afirma la asociación. El Estado asume un 22% del total y las comunicades tienen que desembolsar el 78%. La ley no deja escapatoria a las autonomías, que confiaban en que la inversión se compartiría al 50% entre las dos Administraciones. Sin embargo, el Estado no está obligado a igualar la inversión autonómica.
De hecho, el Gobierno de Rajoy ya suprimió en el 2012 el llamado nivel mínimo acordado, que entregaba casi 300 millones a las comunidades. "Queremos unas buenas relaciones con la DGA y vamos a insistir más a la consejería de Hacienda que a la de Servicios Sociales. Elaborar una propuesta para modificar la financiación depende más de este departamento", dijo García.
