El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza asistió ayer a una nueva bronca del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) con los cuatro partidos de la oposición a propósito del remanente de tesorería del 2017, que se zanjó con la paralización de 3 de los 8,6 millones de euros. Debían decidir a qué destinarlos pero tardarán como mínimo un mes más en hacerlo porque la propuesta ganadora, la de dedicar 2,4 millones a la compra de autobuses eléctricos y 600.000 a adecentar el entorno de La Romareda a costa de desechar una operación aceras en todos los distritos, no pudo ni votarse. La iniciativa planteada por una mayoría aplastante -22 de los 31 concejales-, se aparcó amparándose en un informe de Intervención que decía, en el caso de los vehículos, que se podría aprobar pero no ejecutar porque es «contrario al contrato» con Avanza Zaragoza.
Esta decisión unilateral del responsable de Economía, Fernando Rivarés, redundaba en la crisis abierta en las sociedades municipales. Y la agravó más, porque se escudó en que había recibido el informe del interventor «el pasado viernes a la una de la tarde», tan solo una hora después de anunciar que retiraba ese expediente del orden del día del pleno, pese a tener todavía margen de reconsiderar su decisión, y ocultándoselo durante tres días a toda la oposición. El informe lo entregó ayer, pocos minutos antes de abrir el debate. Y se armó.
CAE LA OPERACIÓN ASFALTO // El resto de partidos interpretaron la maniobra como una imposición más. Aparcaba la inversión en buses eléctricos y en el entorno del estadio de fútbol porque no era de su agrado. Y Rivarés recriminando el «bloqueo» de la oposición. Al millón de euros para la operación asfalto, que sí se desechó a cambio de destinar 900.000 euros a renovar el software de la Policía Local («que lo que necesita es una nueva base de datos, no eso», dijo el edil) y 100.000 euros para el entorno de La Romareda, que sí tendrá partida. Y a la operación en aceras de todos los distritos a cambio de invertir en «algo inejecutable». Que se podría aprobar, admitió, pero que luego nunca se gastaría porque, según el interventor, «la adquisición de vehículos le corresponde a la concesionaria, no al ayuntamiento».
Políticamente, para Rivarés todos los partidos se movían siguiendo «la batuta de la Gürtel», por un PP que lideraba esa «obsesión de bloquear» y de «no dejar a Santisteve colgarse la medalla». «Querían darle una patada pero se la dan a los zaragozanos. Ahora salgan y cuéntenselo con sus másteres en demagogia», expuso, llegando a calificar de «faccioso» el comportamiento de sus rivales. El alcalde le obligó a rectificar. Y lo cambió por «facineroso».
«Si en Zaragoza se diera un máster en demagogia usted sería el rector», replicó Azcón, quien arremetió con la «vergüenza» de bloquear a una mayoría plenaria, por una propuesta que suponía «un revolcón» a la pretensión del Gobierno y que la oposición había acordado «por responsabilidad» ante su negación al diálogo para luego refugiarse en el «victimismo». «Intervención no prejuzga el destino del dinero», dijo.
Para el socialista Javier Trívez, ZeC «llama bloqueo a todo lo que no coincide con su opinión». «Eso se llama dictadura o autocracia, y es lo que hace que el ambiente sea irrespirable», explicó. La discusión iba, a su juicio, «de democracia y de respetar las mayorías» y cómo se quería «hurtar» la decisión «con argucias».
Sara Fernández, de Cs, le reprochó a Rivarés su «actitud pueril» contra esa propuesta «coherente y adecuada», que no saldría «porque no dejan de mirarse el ombligo». «Han venido a gobernar para todos, no para que se luzcan», añadió. Para el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, «se ha presentado una propuesta integradora que ustedes han pisoteado retirándola», recriminó. A costa de «un informe que está castrado y mutilado por su falta de respeto a la democracia».
Salió adelante el destino de 5,6 millones: un millón para renovar 40 coches de la Policía Local, otro millón para alumbrado (para la calle Condes de Aragón y tres parques), 1,65 para eliminar barreras arquitectónicas, 200.000 euros para arreglar caminos rurales, 300.000 para crear parques intergeneracionales en zonas verdes, 233.000 para las riberas y 150.000 euros para Bomberos.
