La discusión política en el pleno de las Cortes a propósito de una carta remitida a personas dependientes derivadas hacia empresas privadas para recibir atención, denunciado por la diputada socialista María Victoria Broto, desató el enésimo rifirrafe institucional entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque en su respuesta, el Gobierno aragonés alegó que es el consistorio el que está bloqueando la firma del convenio marco de servicios sociales de este año con el que se debería atender a estas personas. Una afirmación que provocó que desde el consistorio se replicara que no se ha suscrito porque es la DGA la que adeuda más de doce millones de euros a la ciudad por convenios anteriores no pagados y porque en el actual pedía que las arcas municipales adelantaran más dinero.
Desde el área de Acción Social explicaron que "la DGA ha pedido a todos los municipios y comarcas incluir en el convenio marco de este año la prestación social domiciliaria que venía ofreciendo él directamente hasta ahora a grandes dependientes, ampliando el compromiso económico y adelantando el dinero para que luego fuera abonado por su parte. Se encargó un estudio y concluyó que este compromiso era inasumible porque había que adelantar el dinero".
Este es el motivo por el que, aseguraron las fuentes consultadas, se denegó desde Contratación, porque básicamente no se fían de la DGA. Porque "todavía no ha pagado los 5,3 millones del convenio que debía abonar en el primer trimestre del 2014 y tampoco los 5,3 de este año", más otras cuantías menores por otros servicios ya prestados también por adelantado.
