El caso Ambuibérica por supuesto fraude de más de 130.000 euros al Salud a través del servicio de ambulancias que presta la compañía que dio nombre a la investigación podría quedarse en nada. La Audiencia Provincial de Zaragoza está estudiando si archivarlo, después de que la defensa de los cuatro empleados de Ambuibérica, así como el de la propia empresa, solicitaran el archivo en aplicación de la conocida como doctrina Botín, ya que entienden que en este asunto se cumple el pronunciamiento del Tribunal Supremo que declaró que si el fiscal y la acción particular no acusa a una persona, ésta no puede ser juzgada, aunque sí le acuse la acusación popular.

La vista oral estaba prevista que se celebrara ayer, si bien los magistrados de la Sección Sexta del tribunal provincial decidieron suspenderla para estudiar «esta compleja cuestión». Frente a la idea de que puede sobreseerse este caso, que defendió el abogado Gabriel Castro y que destacó que la acusación la realiza «la competencia», el letrado de la Asociación de Ambulancias del País Vasco, Alexander Azpitarte, aseguró que «hubo afectación del interés general de los aragoneses». «Utilizaron hasta datos de fallecidos», lamentó.

En el banquillo se sentaron una representante de Ambuibérica; el presidente y director general del grupo, Carlos M., y los trabajadores Jorge P., David L. e Irene L. Se les acusa de incrementar los servicios prestados para el Servicio Aragonés de Salud (Salud) «sin soporte real para ello» y facturar así «más de lo debido» entre los meses de agosto, septiembre y diciembre del 2012. Es por ello que la acusación popular entiende que se comentó un delito continuado de falsedad documental y otro delito continuado de estafa. Para Carlos M. reclama seis años de cárcel y 72.000 euros de multa, para Jorge P. pide cinco años de prisión y 54.000 euros de multa y para Irene L. y David L. tres años de arresto y 36.000 euros de multa a cada uno. También solicita que Ambuibérica pague una multa de 182.500 euros y que se le inhabilite de cara a nuevos concursos, así como para recibir subvenciones.

El Gobierno de Aragón así como la Fiscalía renunciaron a continuar con las acciones penales al haber sido resarcido el perjuicio causado, más de 130.000 euros. Sin embargo, la asociación que ejerce la acción popular entiende que el hecho de que se devolviera la cantidad facturada «indebidamente» no supone que el hecho presuntamente delictivo «no hubiera sido ya cometido».