En noviembre del pasado año un vecino de Calatorao puso en conocimiento de la Guardia Civil de dicha localidad un posible uso indebido, utilizando su firma y autorización, del documento Anexo XII de la Orden DRS/674/2016, de 30 de junio, por el que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2016-2017. Dicho documento permite la caza del conejo en terrenos no cinegéticos, a efectos de disminuir el daño que estos animales están causando en los campos.
El anexo XII en cuestión es una autorización en la que debe constar el titular de la finca donde se realiza la caza y la identidad del cazador, además de la fecha y lugar concreto donde se lleva a cabo. Una actividad por la que no se puede obtener un beneficio económico, es decir, que no se puede cobrar una tasa por cazar, como en el caso de un coto de caza.
La Guardia civil de dicha población inició una investigación para determinar si se estaba produciendo falsificación de documentos o infracciones administrativas al Plan General de Caza en Aragón.
Durante los servicios realizados por los agentes, ese mismo mes, localizaron en un área de servicio ubicada en la A-2, próxima a Calatorao, en tres ocasiones, a varios cazadores que se encontraban tramitando documentos relacionados con la actividad de la caza (Anexo XII). Tras su examen, se pudo comprobar que en alguno de ellos constaba la firma del presidente del sindicato de riegos, constando el resto de datos completados excepto el apartado del nombre del cazador que realizaría la actividad en la fecha indicada, y que se rellenaría en ese momento. En los otros anexos aparecía el nombre de propietarios de otras fincas particulares también afectadas por la plaga de conejo.
Toda la documentación fue intervenida por la Guardia Civil y tras contactar con las personas a cuyo nombre figuraban los anexos, se pudo determinar que habían sido tramitados con su desconocimiento. El presidente del sindicato de riegos por ejemplo, únicamente había expedido en una ocasión este documento para realizar la caza a una persona, por lo que del original se habrían obtenido copias que serían utilizadas sin su consentimiento en otras fechas posteriores.
Entrevistados con el resto de propietarios de las fincas, se comprobó una situación similar. Habían autorizado en alguna ocasión a una determinada persona para la caza en su propiedad, pero desconocían que se hubiera expedido documento para otros cazadores a quienes ni siquiera conocían.
En todos los casos estudiados la persona a la que habían autorizado la caza era la misma, un vecino de Fuentes de Ebro. Este cazador se habría puesto en contacto con los propietarios perjudicados a través de un vecino de Calatorao y tras ganarse su confianza, éstos le habían expedido el documento para autorizarle a él y algún amigo suyo a que fuera a su propiedad a cazar conejos.
Sobre esta persona se inició una investigación y se pudo determinar que el sospechoso había ofertado a través de internet, en multitud de ocasiones, la caza de conejos en fincas de la provincia de Zaragoza por una presencia masiva de estos animales que causaban daños en las mismas.
Los cazadores se ponían en contacto con el sospechoso y, a cambio de pagar una cantidad concertada por día y cazador, ejercían la actividad un día concretado. Para ello, siempre tenían su punto de encuentro en el mismo lugar, una estación de servicio de la A2, donde tramitarían los documentos y se trasladarían a las fincas no cinegéticas para cazar.
La Guardia Civil tomó manifestación a 9 cazadores que concertaron la caza con la persona investigada y se pudo determinar que ellos desconocían completamente que este trámite no fuera acorde a la ley, ya que el sospechoso ofertaba la caza a modo de “coto privado de caza” para hacer pensar que todo era legal. Además todos ellos bien habían pagado una tasa de 80 euros diarios por día y cazador, en metálico, o bien un pago en especie. Incluso alguno de ellos estuvieron varios días consecutivos realizando esta actividad.
Tras una laboriosa investigación y una vez obtenidos los indicios suficientes sobre la persona investigada por varios ilícitos, la Guardia Civil procedió a la detención el día 28 de febrero de un hombre de 53 años, nacionalidad española, vecino de Fuentes de Ebro, como presunto autor de 3 delitos de falsedad documental continuada y 9 delitos de estafa continuada por obtener un beneficio económico con esta actividad. Igualmente se le considera autor de otros 3 delitos de falsedad documental en grado de tentativa, al ser sorprendido por los agentes antes de llegar a efectuar la tramitación de los anexos XII.
Ese mismo día los agentes detuvieron a una segunda persona (el socio del sindicato de riegos), de nacionalidad española y 59 años, vecino de Calatorao por ser presunto coautor y cómplice de los hechos descritos anteriormente. Se le imputan un presunto delito de falsedad documental y 9 delitos de estafa.
Además la Guardia Civil ha interpuesto un total de 48 infracciones administrativas muy graves al primer detenido, autor material de los hechos, a la Ley de Caza en Aragón, punto 5, por “efectuar aprovechamiento comercial de cualquier actividad cinegética en zonas no cinegéticas”.
