Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas implicadas en un presunto fraude relacionado con la venta de permisos falsificados para la caza del conejo en fincas no cinegéticas ubicadas en el entorno del término municipal de Calatorao (Zaragoza).
Según informa el Instituto Armado, las investigaciones comenzaron en noviembre del año pasado a raíz de la denuncia interpuesta por un vecino de Calatorao en relación con supuestas irregularidades en el documento que había firmado para la caza del conejo en zonas donde esta especie causa daños a los campos de cultivos.
La normativa legal establece que en los permisos no sólo debe constar el nombre del propietario de la finca, la identidad del cazador que obtiene el permiso y la fecha elegida para llevar a cabo la caza, sino que son de carácter gratuito y no susceptibles del cobro de una tasa.
En uno de los servicios realizados, los agentes pudieron comprobar que en una área de servicio de la autovía A-2 a su paso por Calatorao se encontraban varios cazadores que se encontraban tramitando permisos para la caza del conejo en fincas no cinegéticas.
Tras intervenir toda la documentación manipulada por los cazadores, los agentes pudieron comprobar que los propietarios de las fincas cuyo nombre figuraba en los permisos no habían dado su consentimiento.
Pudieron verificar, además, que los detenidos habían fotocopiado un permiso expedido legalmente por el sindicato de riegos de la población para obtener copias con las que realizar el presunto fraude.
Las investigaciones se centraron en un cazador de Fuentes de Ebro (Zaragoza) al que se le había concedido en algunas ocasiones permisos para cazar en fincas particulares con el consentimiento de los propietarios.
Los agentes pudieron determinar que el sospechoso había ofertado a través de internet, en multitud de ocasiones, la caza de conejos en fincas de Zaragoza afectadas por la presencia de este animal.
Los cazadores interesados se ponían en contacto con el denunciado y, tras el pago de una cantidad concertada en la referida estación de servicio, eran trasladados a las fincas donde se iba a realizar la cacería.
La Guardia Civil tomó declaración a nueve cazadores que aseguraron desconocer que el trámite no fuera acorde con la ley y que manifestaron pagar una cuota diaria de 80 euros en la creencia de que la caza se realizaba "a modo de coto privado".
Con todo los datos obtenidos, los agentes detuvieron el pasado 28 de febrero a un vecino de Fuentes de Ebro de 59 años y nacionalidad española como presunto autor de tres delitos continuados de falsedad documental, otros tres en grado de tentativa y nueve más por estafa continuada.
El mismo día en el que fue detenida esta persona fue arrestado también un vecino de Calatorao de 59 años, socio del sindicato de riegos de la localidad, como presunto cómplice del anterior en relación con un delito de falsedad documental y nueve de estafa.
Al primer detenido se le han impuesto, además, un total de 48 infracciones administrativas muy graves por aprovechamiento comercial de una actividad de caza en fincas no cinegéticas.
