Dos jueces imputan a Pinilla por falsedad, estafa y prevaricación

Esta primavera está resultando judicialmente tormentosa para la exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, que en apenas tres meses ha visto como a su imputación por varios delitos en la Operación Molinos se le sumaba una denuncia de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal en el manejo de dinero negro --en esa misma causa-- y una citación como imputada por prevaricación y estafa impropia en el caso de la urbanización okupa para, en las últimas semanas, verse encartada en otros dos procedimientos penales: el pasado día 9 declaró ante el magistrado del juzgado número 1 de La Almunia por un caso de presunta prevaricación y el próximo 14 de julio lo hará ante la titular del número 2, ahora como sospechosa de falsedad documental y de estafa. Pinilla tiene cuatro frentes judiciales abiertos, todos ellos relacionados con su gestión al frente del consistorio.

En la primera de esas últimas causas están también imputados el arquitecto municipal, Francisco Núñez --igualmente por prevaricación, pese a no estar acusado de haber emitido ninguna resolución ilegal--, y el responsable de Promociones Lanuza, R. A. S. S. --este por falsedad documental--. Dos vecinos, que reclaman una indemnización de 600.000 euros, sostienen que la alcaldesa prevaricó al ocultar supuestamente unas segregaciones de fincas que habrían puesto en manos de Lanuza terrenos que les pertenecen y que previamente la Sociedad Urbanística Municipal (SUM) había vendido a Construcciones Sagain, una de las firmas implicadas en la Operación Molinos.

Este rocambolesco asunto, más propio de la jurisdicción civil que de la penal, incluye las instancias con las que los denunciantes pidieron en mayo del 2006 la segregación de una finca de su propiedad vecina a la de Sagain y Lanuza que no incluía tierras de estos para, dos meses más tarde, entregar en el ayuntamiento otra en la que ya reclamaban un trozo.

ALTOVENTO En el otro asunto, que instruye el juzgado número 2, también aparecen imputados de la Operación Molinos. En este caso, el querellante es Vicente Rodrigo, propietario de Construcciones Nuevos Hogares y promotor de la urbanización El Vergel, situada junto al hotel Altovento.

El empresario reclama una indemnización por los perjuicios que le ha ocasionado la no recepción de la urbanización por parte del ayuntamiento, un acto administrativo al que únicamente le falta el visto bueno de la alcaldesa de La Muela.

Esa situación impide que puedan ponerse en marcha en el complejo servicios básicos como el suministro de electricidad, lo que ha obligado a Rodrigo a costear la producción de energía mediante grupos electrógenos.