Dos de cada tres ayudas de urgente necesidad que concede el Ayuntamiento de Zaragoza son de renovación. Solo el 36% de los casos que llegan a los servicios sociales las solicitan por primera vez. Una estadística que lleva a remarcar que en la capital aragonesa «se está creando una bolsa de población en situación cronificada».

Así lo puso de manifiesto la vicealcaldesa y responsable de Derechos Sociales, Luisa Broto, en los datos aportados a la oposición con los que hacía balance del primer trimestre del 2018, en el que, además, destacaban otros indicadores como que las solicitudes contabilizadas, 9.717, suponían un descenso del 2,88% con respecto al 2017, pero la cuantía media que se les otorga asciende ya a 279,54 euros, un 1,49% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La estadística tiene una lectura que trasciende, según el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), a los meros incrementos o descensos que son, en la mayoría de casos, casi inapreciables. La cifra a atender no era, por tanto, constatar que los 2.493.773 euros gastados en tres meses (un 26,59% del presupuesto anual de 9,38 millones), suponían 63.682 euros menos que el año pasado, sino observar cómo «el 80%» del dinero que el consistorio dedica a auxiliar a estas familias son para «gastos esenciales», como la alimentación (5.148, el 45%), la vivienda o el alquiler (1.544, un 15%) o la factura de la luz o el gas (el 9,95% del total). En este sentido, destacó que la ayuda que aporta la DGA a las familias tan solo solo cubre el 50% de la deuda de estas familias y que de ser el 100%, como hace el ayuntamiento, este no tendría por qué haber dedicado «650.000 euros el año pasado».

Lola Campos, concejala del PSOE, remarcó que hay un dato también significativo que es el que apunta a que «el 45% de los casos» se contabilizan solo en dos de los 14 distritos, en Delicias y el casco Histórico. Una distribución a la que también apuntó el nacionalista Carmelo Asensio.

Broto, por su parte, también advirtió de que se ha agilizado mucho la tramitación para dar respuesta a las solicitudes que llegan a los servicios sociales y aseguró que Zaragoza hoy atiende «en 2,8 días» de promedio la resolución de expedientes que tienen que ver con la alimentación. O que el periodo medio depago a los proveedores (tanto a los propietarios de viviendas que las han cedido para alquiler social como empresas suministradoras de materiales o servicios) es de «solo 6 días».

El balance del primer trimestre no evitó que ZeC y el PSOE volvieran a tener bronca en la comisión. Primero por las afirmaciones del alcalde Pedro Santisteve en una entrevista en las que criticaba la labor de los servicios sociales, y a los que él mismo dirigió por carta sus disculpas por el malentendido. Y luego por la pretendida Oficina de Atención al Ciudadano y Buenas Prácticas, que los socialistas creen «innecesaria» y que será un «chiringuito» del Gobierno para hacer un uso «arbitrario» y «sectario» de las ayudas de urgencia.