La Diputación de Huesca (DPH) creará un grupo de apoyo a nivel jurídico para ayudar a municipios y comarcas de la provincia altoaragonesa afectados por la existencia en sus territorios de centrales eléctricas alrededor de las cuales se ubican infraestructuras hidráulicas diversas.
Así lo aseguró ayer en rueda de prensa el presidente de la Institución altoaragonesa, Miguel Gracia, quien incidió en la necesidad de consolidar el apoyo y asesoría a estos municipios con un grupo específico formado por técnicos cualificados de distintas áreas de la corporación.
Gracia destacó que estos municipios deben hacer frente, además, a conflictos relativos a caudales, tasas o sanciones, además de soportar cargas territoriales y medioambientales «poco o nada» reconocidas a nivel social que benefician a «otros actores alejados del territorio».
El objetivo del grupo que se constituirá es buscar todas las fórmulas posibles para reforzar las «razones, argumentos e intereses» de los municipios afectados e, incluso, plantear reformas legislativas al objeto de conseguir restituciones territoriales que hagan «justicia» a las zonas que «ceden» el agua.
ADELPA // Así pues, el grupo estudiará temas relacionados con tasas, inversión de la energía reservada restituida al Estado, sanciones por vertidos, caudales ecológicos, recuperación del patrimonio público, caducidad de concesiones hidroeléctricas o adscripción a órganos de gobierno de instituciones de gestión del agua.
También se ha valorado la incorporación a este grupo de trabajo de la Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) como «conocedora de las necesidades del territorio». Asimismo, en función de los temas que se aborden, el grupo de trabajo sopesará la incorporación de ayuntamientos y comarcas, así como de expertos en la materia, en derecho o directivas europeas.
