El pleno de la Diputación de Huesca (DPH) aprobó ayer por unanimidad la constitución de una comisión especial para el estudio y elaboración de un plan para la puesta en marcha de un servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento en la provincia altoaragonesa.
Tras valorar el consenso alcanzado, los grupos de gobierno y oposición en la institución expresaron su confianza en que tanto la legislación estatal como la autonómica permitan adaptar el servicio a la realidad del territorio y contratar el personal necesario mediante modificaciones en los presupuestos del estado, según Efe.
El dictamen que elaborará la comisión, que estará compuesta por responsables políticos, técnicos y jurídicos, se remitirá al Gobierno aragonés así como los ayuntamientos y comarcas y sindicatos antes de ser sometido a votación en un próximo pleno de la DPH.
Si se produce la aprobación inicial del dictamen, la Corporación altoaragonesa procederá a los trámites necesarios de exposición pública previos a la creación y organización del referido servicio de prevención y extinción de incendios.
La creación de esta comisión, que se prevé constituir de forma oficial a comienzos de la semana próxima, esta prevista en la Ley de la Administración Local Aragón. El diputado delegado de Protección Civil, José Luis Gallego (PSOE), agradeció el trabajo previo desarrollado por las comarcas para la puesta en marcha y mantenimiento de este servicio, «pese a todas las dificultades legislativas con que nos encontramos».
El portavoz del PP, José Antonio Lagüens, calificó de «histórico» el acuerdo alcanzado, que, en su opinión, permitirá garantizar y mejorar la seguridad de las personas. En su intervención, el vocal del PAR, Joaquín Serrano, expresó la voluntad de la Diputación de Huesca de poner el servicio en marcha, aunque precisó o a renglón seguido que la «obligación» de creación corresponde al Gobierno aragonés.
Por su parte, el diputado de Cambiar Huesca Luis Arduña, mostró su apoyo al acuerdo pero advirtió de que «pretender que la DPH solucione en exclusiva este problema es un error, porque hay una ley que otorga la responsabilidad al Gobierno de Aragón y es éste quien tiene que asumirla».
