La Diputación de Huesca (DPH) creará un grupo de apoyo a nivel jurídico para ayudar a municipios y comarcas de la provincia altoaragonesa afectados por la existencia en sus territorios de centrales eléctricas alrededor de las cuales se ubican infraestructuras hidráulicas diversas.

Así lo ha asegurado hoy en rueda de prensa el presidente de la Institución altoaragonesa, Miguel Gracia, quien ha incidido en la necesidad de consolidar el apoyo y asesoría a estos municipios con un grupo específico formado por técnicos cualificados de distintas áreas de la corporación.

Gracia ha destacado que estos municipios deben hacer frente, además, a conflictos relativos a caudales, tasas o sanciones, además de soportar cargas territoriales y medioambientales "poco o nada" reconocidas a nivel social que benefician a "otros actores alejados del territorio".

El objetivo del grupo a constituir es buscar todas las fórmulas posibles para reforzar las "razones, argumentos e intereses" de los municipios afectados e, incluso, plantear reformas legislativas al objeto de conseguir restituciones territoriales que hagan "justicia" a las zonas que "ceden" el agua.

Así pues, el grupo estudiará temas relacionados con tasas, inversión de la energía reservada restituida al Estado, sanciones por vertidos, caudales ecológicos, recuperación del patrimonio público, caducidad de concesiones hidroeléctricas o adscripción a órganos de gobierno de instituciones de gestión del agua.

También se ha valorado la incorporación a este grupo de trabajo de la Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) como "conocedora de las necesidades del territorio".

Asimismo, en función de los temas a abordar, el grupo de trabajo valorará la incorporación de ayuntamientos y comarcas, así como del expertos en la materia, en derecho o en directivas europeas.

La voluntad política de la DPH, ha destacado Gracia, es que este grupo disponga de una partida presupuestaria propia que le permita encargar estudios, informes, trabajos o asesorías, y contratar a gabinetes jurídicos especializados.

Ha señalado que entre las demandas "históricas" de los municipios del Pirineo y de Adelpa se encuentra la integración en los órganos de gobierno donde "se decide y gestiona" la política hidráulica.

Ha añadido, por otra parte, que desde la Diputación de Huesca se valora también en la necesidad de trabajar en el reconocimiento del esfuerzo realizado por los habitantes de las zonas rurales afectadas por infraestructuras hidráulicas y en concienciar a la sociedad de esta situación.

Asimismo, no se descarta plantear "a futuro" pagos por servicios ambientales que afecten a estos territorios a fin de contribuir así a su "sostenibilidad económica, social y poblacional".