El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza aprobó ayer por unanimidad el Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo 2012, para el que se destinarán cuatro millones de euros con los que se prevé crear puestos de trabajo para 450 personas, como ya se anunció el pasado mes en la aprobación de los presupuestos del Gobierno provincial.
El presidente de la DPZ, Luis María Beamonte, explicó que una vez aprobado en el pleno, el Plan se convocará en los próximos días --su intención es hacerlo antes de final de mes--, y trasladará a los municipios de la provincia un programa de contratación de personal, siempre y cuando éstos muestren su interés y cumplan los requisitos establecidos.
Estos se basan en gran medida en criterios de número de parados, aunque según los grupos de la oposición --principalmente Izquierda Unida y CHA--, no tienen en cuenta la proporcionalidad del número de desempleados respecto de la población. Pese a ello, dieron su apoyo a la aprobación de las medidas ante la urgencia de muchos municipios de prestar los servicios que serán sufragados con esta inversión.
El plan también cuenta con el respaldo de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, según el primero de ellos por un afán de "colaborar en el mentanimiento del empleo en la castigada administración local aragonesa".
PRESUPUESTO La aportación económica de este plan especial de empleo de la DPZ se ha resentido como consecuencia de los recortes impuestos por la crisis, de hecho se ha reducido prácticamente un tercio, de los once millones y medio de euros del anterior a los cuatro de este.
Pero además ha variado en su concepción y forma de reparto. En anteriores convocatorias del plan, las ayudas eran repartidas entre los consistorios, que gestionaban la aportación provincial entre los empleos solicitados y a la vez se encargaban de pagar la Seguridad Social de los trabajadores.
Esta vez, la institución provincial asume con este presupuesto los pagos tanto de los contratos como de la cotización, ya que el objetivo del plan ya no es tanto la creación de puestos de trabajo como el mantenimiento de servicios básicos que muchos consistorios tienen difícil prestar. Como lo expreso UGT tras apoyar el plan, la crisis fiscal de la administración local "está poniendo en riesgo" la prestación de estos servicios por parte de los ayuntamientos.
