La Asociación de Propietarios de Costa Cambrils recordó ayer la "manifiesta inseguridad legal" con la que se encontrarán los apartamentos de más de 5.000 familias, mil de ellas aragonesas, si sale adelante el nuevo Plan de Ordenación Urbana (POUM21) diseñado por el ayuntamiento de esta localidad tarraconense. En un comunicado enviado ayer, esta asociación solicita la participación de voluntarios y la colaboración de todos los afectados en la manifestación y en las diversas protestas que se han organizado para este sábado.

"El POUM21 deja la puerta abierta a actuaciones urbanísticas que podrían llegar a afectar a gran parte del municipio. La documentación del mismo no nos asegura ninguna estabilidad futura, y esto podemos demostrarlo a cualquier persona que solicite ver las alegaciones que hemos presentado", asegura el presidente de la asociación, Javier García.

Además, lamentan que la petición para una entrevista con el alcalde haya caído, por ahora, en saco roto. Y que el ayuntamiento les haya denegado toda la programación de actos lúdicos que tenían prevista.

FOTOGRAFIA AEREA A pesar de ello, los voluntarios continúan con la entrega de panfletos informativos en la playa. Y, de cara a la manifestación, además de preparar una serie de pancartas intentarán realizar una fotografía aérea en la playa con personas que formen la frase No nos iremos .

Con respecto a la manifestación, el recorrido se ceñirá al presentado ante la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. Partirá a las 18.00 horas desde dos puntos diferentes (Regueral y Horta por un lado, y Cap Sant Pere por otro) para, sobre las 20.00 horas, encontrarse en Pi Rodo.

"Ya que nos deniegan las cenas populares previstas, proponemos encontrarnos todos el sábado por la noche, a las 22.00 horas, en la playa del Regueral con cuatro bocadillos cada uno", añade el comunicado.

La fuerte contestación social a los distintos Planes Municipales Urbanísticos para las zonas Cap Sant Pere, Regueral y Huerta de Santa María obligó al consistorio a echar marcha atrás. La intención expropiatoria y de derribo de varios edificios junto a la playa se frenó. Sin embargo, el nuevo POUM21 "nos deja en un vacío legal urbanístico que depende de las decisiones políticas que se tomen en cada momento", denuncian los afectados. Esta inseguridad es la que les ha llevado a la manifestación.