Los indicios de prácticas irregulares en el plan de saneamiento y depuración que estuvo en vigor en Aragón entre los años 2001 y 2016 son «claros», según afirmó ayer el líder de Podemos en la comunidad, Pablo Echenique. El secretario general del partido respondió de esta forma al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que el sábado aseguró que no hubo «irregularidades legales» en su puesta en marcha. Por ahora, todos los grupos están dispuestos a apoyar una comisión de investigación que aclare las responsabilidades políticas pertinentes.

Para Echenique, el proyecto de saneamiento impulsado por el anterior Ejecutivo PSOE-PAR presenta «como mínimo trazas de mala gestión». En su opinión, al investigar lo sucedido con las depuradoras a lo largo de varias décadas en «inumerables municipios en todo Aragón» se podrían obtener dos conclusiones. Por un lado, que en la comunidad se produjeron «récords mundiales de mala gestión» o, por otro lado, «que hubo algo más». Así, consideró «normal» que partidos como el PSOE o el PAR, que en el pasado tuvieron «grandes responsabilidades» en la gestión del plan, «aparezcan en los medios afirmando que está todo bien».

Sobre la comisión de investigación que se pondrá en marcha en las Cortes, señaló que desde la formación están «encantados» con el apoyo recibido. «Estamos hablando de mucho dinero público que como poco ha sido malgastado en cantidades ingentes», insistió.

Podemos se muestra preocupado en particular por los sobrecostes a los ciudadanos que ha supuestos en los últimos años un plan calificado como «el más caro de España». Según los datos de la formación, cuando la media española por metro cúbico depurado está en 80 céntimos, en Aragón se tienen que abonar hasta 1,5 euros.

El Gobierno de Aragón se encuentra en estos momentos trabajando en dos direcciones para cambiar el rumbo de la depuración. Por un lado, se ha decretado la extinción del Instituto Aragonés del Agua (IAA), un organismo bajo sospecha por haber sido el instrumento para la aplicación del plan de depuración. La intención es que una dirección general dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural se haga cargo de estas competencias.

Además, se está trabajando en un nuevo proyecto para asumir el servicio. El propio Lambán aseguró que la construcción de las depuradoras que faltan en la comunidad no tendrá nada que ver «con lo realizado hasta ahora», teniendo en cuenta que el modelo concesional es «inviable», según puso de manifiesto la Cámara de Cuentas autonómica.