Ecologistas en Acción ha recurrido el auto judicial que cerró hace unos días la instrucción de la denuncia por la destrucción de la Cueva de Chaves, uno de los yacimientos neolíticos del país, para solicitar la imputación de dos denunciados más y la introducción de un presunto delito medioambiental.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca dictó el pasado 13 de octubre un auto en el que apuntaba a la existencia de indicios de delito en la conducta del empresario Victorino Alonso como presunto responsable de la destrucción del yacimiento, ubicado el coto de caza de Bastarás, en la Sierra de Guara.
Cinco años después de ser denunciados los hechos, el instructor emplazaba a las acusaciones personadas, Fiscalía, Ecologistas en Acción, Apudepa (Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y Gobierno de Aragón, a solicitar la apertura de juicio oral contra Victorino Alonso por un delito contra el patrimonio o el sobreseimiento del caso.
Según el instructor, Alonso era la persona que tomaba las decisiones en la sociedad que gestionaba el coto de caza, Fimbas SA, desde donde partió la orden de contratar a la empresa Ferpi para enviar una excavadora que provocó daños en el yacimiento arqueológico que el juez valora en unos 14 millones de euros.
Añade el responsable judicial que el empresario leonés del carbón era quien daba las órdenes en ambas empresas a pesar de no figurar como administrador y que, a tenor del testimonio de los testigos, "era una persona de gran influencia de cuyas órdenes y decisiones no era fácil desligarse en el ámbito laboral".
En su recurso ante el instructor, que subsidiariamente han presentado en la Audiencia en el caso de ser rechazado, la representación legal de los ecologistas piden al juez que abra la posibilidad de imputar a los administradores de las sociedades Fimbas y Ferpi y que se amplíe la consideración de los hechos a un presunto delito medioambiental.
Según el letrado de los conservacionistas, Pablo Malo, la posibilidad de presentar cargos por un delito medioambiental permitiría incluir en la causa a ambas sociedades empresariales como responsables civiles subsidiarias en el pago de las indemnizaciones establecidas en una posible condena.
La valoración económica de los daños contrasta con la realizada por el Gobierno aragonés, que cifró inicialmente las afecciones causadas al yacimiento en unos 50 millones de euros, por lo que también podría optar a recurrir el auto de cierre de la instrucción.
La Cueva de Chaves fue destruida casi en su totalidad en octubre de 2007 para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto, unos hechos que fueron denunciados en 2009 por la Fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés.
Según argumenta el juez en su auto, Chaves era "un yacimiento arqueológico de referencia a nivel nacional, sobre todo de la etapa del Neolítico, que se encontraba dentro del entorno del Bien de Interés Cultural de las cuevas de Solencio", en el coto vallado de Bastarás.
