El inicio de las obras del futuro embalse de Almudévar quedó ayer condicionado por la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional de un recurso contencioso-administrativo presentado por la organización Ecologistas en Acción. Los medioambientalistas temen que se hayan producido irregularidades en el proceso de adjudicación. Por este motivo el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente deberá sumar a la causa los expedientes administrativos impugnados para que puedan ser debidamente examinados por todos los interesados.

Además, según anunciaron ayer en un comunicado, Ecologistas en Acción tiene previsto denunciar otra una serie de irregularidades que considera «graves» en los procedimientos administrativos relacionados con la balsa de riego prevista en Almudévar. En este caso se trata de irregularidades «de naturaleza administrativa y técnica» que esperan hacer públicas «en el momento procesal oportuno».

El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, se mostró ayer sorprendido por la decisión de la Audiencia Nacional y reiteró que el proyecto es una obra «irrenunciable» que garantizará el futuro de los regadíos de la comunidad. Además, dudó sobre la existencia de irregularidades administrativas, por lo que prefirió esperar a que se resuelva el conflicto planteado por los ecologistas.

BISCARRUÉS

La asociación, en lo referente a los proyectos de regulación del río Gállego con obras como Biscarrués, instó a la presidencia de Riegos del Alto Aragón a que «desista en su empecinamiento» al exigir de forma continuada «unas obras hidráulicas que les aportarían una cantidad de agua muy pequeña a un coste muy elevado, y con un enorme impacto ambiental y socioeconómico».

En un orden general, Ecologistas en Acción calificó como «muy inoportuna» la intención de la presidencia de Riegos del Alto Aragón de ampliar aún más el regadío «no solo por el impacto ambiental asociado, sino por la imposibilidad hidrológica de satisfacer las nuevas demandas de agua que se generarían». En el comunicado reconocieron que los embalses en el Gállego y Almudévar son «indisociables», por lo que creen que ambos procedimientos «deberían ser paralizados a raíz de las recientes sentencias de la Audiencia Nacional acerca del embalse de Biscarrués».