El nuevo decreto que actualizará la normativa aragonesa respecto a los comederos para buitres en Aragón no gusta a los conservacionistas porque "no soluciona el problema de la alimentación de estas aves, y no atiende las demandas de los sindicatos agrarios y de los ecologistas". El texto, que se encuentra en información pública, ha recibido un completo listado de alegaciones de parte de Ansar, Ecologistas en Acción, Equipo Triacanthos y Fondo Amigos del Buitre (FAB).

El borrador es la adaptación del Real Decreto Estatal del 2007, que "incorpora criterios más adecuados de algunas de las condiciones que se requieren para la instalación y uso de estos muladares", según Medio Ambiente. Y, entre otros, permite la alimentación de aves rapaces necrófagas con determinados subproductos animales no destinados al consumo humano.

La cuestión son las críticas lanzadas desde hace tiempo por el hambre que están sufriendo desde que se puso en marcha la nueva normativa tras la enfermedad de las vacas locas.

Una de las alegaciones presentadas es el olvido de las llamadas zonas remotas, que el decreto "no regula ni declara". Esta figura, tal y como explican los ecologistas, viene recogida en la normativa europea para, desde una perspectiva medioambiental, servir de salvaguarda a la ganadería extensiva, ya que no obliga al enterramiento de los cadáveres o a su traslado a plantas de eliminación, pudiendo dejarse los mismos en el monte como alimento.

Y otra es que el decreto "no potencia el uso del cadáver entero, sino el de despojos insalubres como patas, pezuñas o pelo, que no son propios de la alimentación de las aves, provocando que los comederos se conviertan en simples vertederos". De ahí que estos grupos aseguren que el decreto no abra todas las puertas existentes en otras normativas para el uso de cadáveres enteros, como tradicionalmente se ha venido haciendo en los muladares aragoneses.

Por ello, insisten con que Aragón cuente con una red con un número importante de muladares, de pequeño tamaño, distribuidos por todo el territorio, de manera que sean abastecidos por los propios ganaderos. La DGA apuesta por la construcción "de macrocomederos, gestionados por Sirasa". Para los ecologistas, el decreto no asegura un número de instalaciones. "Ni siquiera la apertura y el funcionamiento de los comederos que faltan hasta alcanzar los 50 declarados de uso público".