Si algo tienen los números es que el resultado no falla. O por lo menos, su margen de error es mínimo. Si un edificio puede soportar 100 kilos por metros cuadrado y se instala una antena de 1.258 kilos por metro cuadrado, el resultado es, cuanto menos, negativo.
Esto es lo que ocurriría en el número 8 de la avenida Tenor Fleta si, al final, se termina por colocar la antena de telefonía móvil proyectada. Según el estudio técnico del arquitecto Javier Unceta, los 1.258,49 kilos por metro cuadrado totales de la infraestructura de la antena sobre el forjado de la azotea, superaría en 12 veces la sobrecarga de uso de la misma.
LEY DEL MÁS FUERTE
Este informe, solicitado por uno de los vecinos de la comunidad de enfrente del edificio --una de las 30 que se manifestaron en contra de su instalación-- será presentado en Urbanismo para que el consistorio pueda tenerlo en cuenta a la hora de otorgar la licencia. "Existe un peligro potencial en la estructura del edificio", explicó el abogado de los vecinos, José Manuel Marraco. "Estos bloques son antiguos y no pueden soportar el peso de una antena como esta", añadió. El problema, según Marraco, es el lobby de las compañías telefónicas, que "están por encima de todos los derechos", recalcó. No obstante, señaló, tiene que prevalecer el "principio de precaución" que, a su juicio, se está pasando por alto. Desde el consistorio informaron de que se están culminando los trámites para que la antena se incluya en el Plan de Implantación por el que se ofrece toda la información necesaria para conocer su ubicación, potencia, etc. A pesar de la existencia de una ordenanza municipal, el ayuntamiento tiene las manos atadas y "carece de capacidad de maniobra". "El permiso lo da el Ministerio de Fomento, el ayuntamiento lo que tiene es un mapa para conocer dónde están los recursos radioeléctricos".
En caso de que Urbanismo no pueda paralizar el proceso, Marraco aseguró que la opción de los tribunales "si las tasas judiciales de Gallardón lo permiten", no se descarta.
El montaje de la base octogonal de la antena de Vodafone comenzó sin previo aviso y sin tener las licencias pertinentes. Su instalación se aprobó en una junta vecinal en el 2012. La compañía se comprometía a abonar a la comunidad 8.000 euros anuales durante cinco años. A cambio, adquiría el derecho de efectuar cualquier obra y se reservaba la potestad de retirar la antena cuando lo considerase.
