Los concejales de Zaragoza en Común (ZeC) completarán las multas a las que han sido condenados los 8 de Yesa como autores de los delitos de lesiones y resistencia a agentes de la autoridad por los hechos que tuvieron lugar durante una manifestación contra el recrecimiento del polémico embalse.
Según informó la confluencia en un comunicado, su plenario aprobó por unanimidad el pasado 27 de julio que 9.000 euros de las donaciones de los concejales se destinen al grupo de apoyo a los activistas a través de la asociación Río Aragón. ZeC destaca que las donaciones de sus concejales contribuyen a completar la cantidad a pagar de las sanciones impuestas, que consideran "a todas luces" injustas y desproporcionadas. "Solo se pueden entender en el clima de represión de la protesta social que el Partido Popular ha instaurado y en la sinrazón que supone el recrecimiento del embalse de Yesa", exponen.
Además, ZeC destaca que la formación ya ha comenzando ingresar las donaciones económicas que los concejales han establecido al entender que perciben un exceso de salario. La intención es destinar también estas cuantías a distintas entidades escogidas por los propios ediles, entre ellas la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, Centro Alba, Zaragoza sin Fractura, Atades, Energy Control, Proactive Open Arms o Bomberos Sin Fronteras.
Los 8 de Yesa, entre los que figura el diputado de Podemos por Huesca Jorge Luis Bail, fueron condenados a comienzos de mes como autores de un delito de resistencia a agentes de la autoridad a una multa de 1.080 euros cada uno por los hechos que tuvieron lugar en Artieda y también deberán abonar multas por delitos o faltas de lesiones a los agentes de la Guardia Civil, aunque han eludido la cárcel.
La sentencia recoge los hechos ocurridos en Artieda la mañana del 10 de octubre del 2012, cuando unas 150 personas cortaron la carretera cuando los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) iban a firmar las expropiaciones para el recrecimiento de Yesa.
CARGA POLICIAL
El organismo de cuenca había requerido el auxilio de la Guardia Civil en previsión de altercados, y tras acercarse el jefe del operativo a pedir a los manifestantes que se disolvieran, y avisar tres veces por megafonía, cargaron. La sentencia no ve creíble que no oyeran los avisos, como dijo la defensa. Fue entonces cuando los manifestantes, entre los que se encontraban los ocho condenados en las primeras filas, "respondieron contra los agentes utilizando la fuerza física, intentando cogerles los escudos, llegando a darles golpes con las manos y patadas", entre otras actuaciones similares.
El juicio a los manifestantes tuvo su vertiente política en la defensa que desde los partidos de izquierda se hizo de la actuación de los condenados. Tanto ZeC como otras formaciones denuncian que el caso está amparado en la criminalización de los movimientos sociales.
