--Desde el 27 de diciembre de 2007 está en vigor la Ley de la Memoria Histórica. Sin embargo, en muchos municipios españoles, entre los que se encuentran algunos aragoneses, conservan símbolos franquistas. ¿Qué cree que ha fallado?

--Han pasado ocho años y los ayuntamientos han tenido el tiempo suficiente para tomar medidas que no han hecho. La ley en un primer momento no era mala pero no ha tenido un desarrollo posterior, ni de financiación ni de jurisprudencia como el resto de normativas. Es evidente que no está en la agenda política del poder Ejecutivo ni Legislativo.

--La responsabilidad de ello repercute, principalmente, en los alcaldes. Como abogado que es usted ¿Qué habría que hacer con ellos?

--Hemos denunciado por un delito de desobediencia y una falta de orden público, que está penado con hasta dos años de inhabilitación. No tratamos de eliminar al alcalde, sino de retirar la simbología. No obstante, hay que recordar que los políticos están en la obligación de actuar conforme a la ley, pero en muchos hacen caso omiso.

--Se hizo con un Gobierno de otro color político diferente al actual. ¿Ignora a esta ley?

--Esta ley está derogada de facto porque se retiraron las ayudas. La última que se dio para una exhumación fue en noviembre del 2011. Este Gobierno cumple con su ideología, si bien no creo que si hubiera un cambio político la situación revertiría. Todo partido necesita al electorado de centro derecha y esa gente no va a estar a favor de destinar dinero para este tipo de cosas porque "no es un problema de la calle".

--La ley no solo es estética, sino que trata de reparar el daño a las víctimas como, por ejemplo, ayudar en la exhumación de cadáveres. ¿Existe el mismo problema de inmovilismo?

--Por supuesto, hay fosas en las que hay perros comiéndose los huesos. Hemos llegado a un punto de humillación extremo. Hay que respetar a las familias si quieren o no exhumar, pero también anular las sentencias de juicios políticos. Políticamente es más fácil cambiar nombres, pero abrir fosas es más complicado porque hay que excavar, identificar cadáveres. No hay ganas en los políticos de dar financiación para devolver la dignidad. A esto hay que añadir que una parte de la sociedad cree venimos a estropear la siesta.

--Más allá de las denuncias, ¿qué tiene que hacer la sociedad para que esto se reconduzca?

--Para garantizar la no repetición es muy necesaria la escuela. Tenemos a un señor que se llama Sánchez Albornoz, que nadie sabe quién es, pero en otro país estaría en los libros de texto. Su testimonio de cómo huyó del Valle de los Caídos mientras se estaba construyendo se desconoce. También es un tema generacional.

--Se habla de cuestión económica, de que cuesta dinero llevar a cabo esta ley y que coincide con crisis económica. ¿Son excusas de malpagador? ¿Ocultan algo esos argumentos?

--Eso es falso, si bien hay que recordar que en la legislatura de Zapatero, en la que comenzó la crisis, ya se hizo un recorte. Yo soy el primero que da prioridad a la sanidad y educación, pero no se puede dejar de lado este problema humanitario. La ley dice que las exhumaciones las tienen que asumir las administraciones, pero las víctimas se las están costeando de su bolsillo. Luego nadie podrá decir que hay un negocio detrás con subvenciones.