El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón procederá al cierre de once aulas de 1° de Infantil en colegios zaragozanos por falta de solicitudes después de la reunión que mantuvo ayer la comisión de garantías para analizar la escolarización en la capital aragonesa una vez recibidas las solicitudes fuera de plazo.
Tras los datos presentados por el Servicio Provincial de Zaragoza a la comisión, se acometerá la supresión de una unidad en los colegios Hermanos Marx, Río Ebro, Parque Goya, San Braulio y Zalfonada --todos ellos en la zona 1 de escolarización--, se cerrará otro aula en El Espartidero y en La Estrella (zona 2), además de en Miraflores y en Arcosur (zona 5) y Camón Aznar (zona 6). Por su parte, en la zona se clausurará una de las clases que se habían ofertado en el colegio Marcos Frechín. En este sentido, la comisión propuso no suprimir una unidad del Calixto Ariño a pesar de estar en las mismas condiciones que las anteriores apelando a que, en caso de cierre, la zona se quedaría muy ajustada de plazas ofertadas. En las zonas 3 y 4, por su parte, no se acometerá ninguna rebaja.
En total, la capital aragonesa sufrirá la reducción de once aulas.
CRÍTICAS SINDICALES
Los sindicatos achacaron la supresión a "un claro descenso de natalidad en general y en determinadas zonas educativas con la demanda ya cubierta y en franco retroceso", advirtió CCOO, que reclamó la necesidad de plantearse para el próximo proceso de escolarización "un mayor equilibrio entre la oferta pública y la oferta concertada para que el peso de las supresiones consecuencia de ese descenso de natalidad no recaiga siempre en la enseñanza pública".
Porque el hecho de que la totalidad de cierres afecte a la pública provocó el malestar sindical. De hecho, STEA también denunció el recorte de vías públicas de educación "sin afectar a las privadas". Para el colectivo, "se trata de una consecuencia inevitable de la baja natalidad asociada a la crisis económica y a una política educativa que permite el doping y la criba de alumnado por la educación concertada", explicó el sindicato educativo en un comunicado.
Además, consideró que la Administración "viene engordando" la educación concertada con la autorización de "la apertura de nuevas vías donde la educación pública podría dar cabida a la demanda previsible".
INMIGRANTES
Al respecto, también advirtió sobre el uso que se hace "en la práctica" de "filtros del alumnado" en los centros concertados ya que observa que "el alumno inmigrante y con necesidades especiales mayoritariamente es atendido por la escuela pública", filtro que está "expresamente prohibido" por ser centros que se sostienen "con fondos públicos". En este sentido, STEA lamenta que "sin embargo, el servicio de inspección educativa se muestra muy pasivo ante este tipo de conductas".
El sindicato animó a la Administración a "cambiar de rumbo" sobre la "expansión" de la educación privada concertada a "expensas de la pública", ya que no entiende "que se cierren aulas en la pública mientras se abren en la concertada" y juzga que la educación pública "debe ser privilegiada por su función social".
Desde el pasado 22 de abril hasta el 17 de agosto se han realizado 1.010 solicitudes en este periodo llamado de fuera de plazo, de las que se han adjudicado 855 vacantes. De las 1010 instancias, 400 se corresponden a la etapa Infantil y 610 a Primaria.
