La propuesta del PSOE, incluida en su programa electoral de cara a las próximas elecciones generales, de ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años, cuenta con el visto bueno de la comunidad educativa aragonesa. Padres, directores de institutos y alumnos valoran positivamente la medida, que, sin embargo, no cuenta con el beneplácito unánime de todos los partidos y sindicatos que, en líneas generales, ven la propuesta "inoportuna".

La secretaría general nacional del PSOE ha expuesto esta semana su propuesta de elevar de 16 a 18 años la edad de escolarización obligatoria, aunque el partido matiza que la medida es "de largo recorrido", y que no se puede poner en marcha "de un día para otro" sino a través de "consenso". Esa ampliación estaría acompañada, pues, de un compromiso a la aprobación de una ley que garantice la escolarización de 0 a 18 años y establecer el sistema de becas en todos los niveles como un derecho para familias hasta un determinado nivel de renta. En todo caso, existen diferentes interpretaciones de la propuesta socialista. De hecho, desde varios sectores se asegura que la apuesta del PSOE habla de "universalización, no obligatoriedad" de la extensión.

La DGA dice que subirá el nivel

La declaración de intenciones cuenta con el aplauso del Gobierno de Aragón. «Ampliar el índice de escolarización desde los 0 a los 18 años, facilitando la ampliación de la oferta pública de plazas en todas las enseñanzas, especialmente, en Infantil y FP, debe constituir un objetivo compartido por todas las administraciones públicas. El objetivo es que, de forma progresiva y por consenso, se extienda la obligación de las administraciones educativas de ofertar plazas hasta los 18 años», indicaron desde el Departamento de Educación. El apoyo a la medida se sostiene en que, para la Administración, el sistema educativo español ha evolucionado positivamente en varios de los indicadores esenciales asociados a la Estrategia Europea 2020, como la escolarización en educación infantil o la tasa de titulación en educación superior, «pero también muestra un claro déficit en la proporción de alumnos en la etapa postobligatoria, específicamente la Formación Profesional». Es por ello que la propuesta pretendería «garantizar las plazas en ambas etapas. Es una buena estrategia para aumentar el nivel educativo de la sociedad y reducir el abandono temprano». Estas mismas fuentes, que subrayaron que el aumento de la escolarización de 0 a 3 años supone «un instrumento determinante para la igualdad de oportunidades y políticas de integración y socialización», valoraron la mejoría en las cifras de abandono, pero alertaron de que «la falta de oferta de plazas de FP limita la posibilidad de aumentar nuestra tasa formativa».

Fapar, por la atención común

A los padres, la oferta socialista les convence. «La acogemos con satisfacción porque creemos que es importante la atención del alumnado de forma gratuita hasta esa edad, garantizando una atención básica común y obligatoria que garantice plazas escolares públicas suficientes y que redunde en una mejor formación», expusieron desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapar).

Sí con matices de los alumnos

También los alumnos levantan el pulgar, aunque con matices. «Estamos a favor siempre y cuando no se amplíe la oferta de la concertada. El objetivo es dotar de más flexibilidad a los estudios pero no a costa de que todo el mundo estudie Bachillerato, sino que se debe ampliar la oferta de FP», expuso Rubén Sanz, del sindicato estudiantil ADEA, que incidió en que «línea roja es no aumentar los conciertos».

Los directores valoran el refuerzo

Más apoyos condicionados. Los institutos también abren la puerta a la extensión, pero advierten -como otros muchos colectivos- de que el tema es «muy controvertido». «Valoramos positivamente que se abarque el periodo de 0 a 3 de forma generalizada y opcional para las familias porque, en estos momentos, queda en manos de cada ayuntamiento y muchas veces escasean las plazas públicas», explicó Antonio Martínez, de la Asociación de Directores de Institutos de Zaragoza (Adizar), que valoró la ampliación hasta los 18 porque «supone un refuerzo de Bachillerato y un aumento de oferta de Grado Medio», Sin embargo, el colectivo advierte que «hay que tener en cuenta y proteger a todos esos alumnos que no cursan la ESO menores incluso de 16 y potenciar esa atención a la diversidad, a través de FP básica u otras iniciativas y abriendo el camino a que se pueda cursar un Grado Medio». Los directores, además, alertan del «gran esfuerzo presupuestario» que suponen esas medidas y advierten que «no entendemos ninguna propuesta de este tipo que no pase por un pacto en educación».

Los sindicatos no lo ven claro

Los sindicatos no acaban de verlo claro. «Hay muchos problemas que solventar con esa obligatoriedad. Por ejemplo, el de esos alumnos que desde edades más tempranas están en la práctica fuera del sistema, que se encuentran forzados a estar hasta los 16 años y están entorpeciendo la convivencia en el aula. Tendrían que estar dos años más en el sistema. Además, ¿se retrasaría la incorporación al mercado laboral hasta los 18? En el Estatuto de los trabajadores es 16», repasa Javier García, de CSIF, que, por contra, valora como aspecto favorable de la medida que «supondría la posibilidad de alumnos sin recursos continuar estudios o un incremento de plantillas de profesorado». Pero lo que tiene claro es que el sindicato no dará su aprobación a la universalización de la educación hasta los 18 «si con ello se pretende la gratuidad en la enseñanza concertada para Bachillerato y FP» y denuncia que este tipo de «ocurrencias» debería consultarse previamente con el profesorado. CCOO también advierte de que la propuesta socialista podría hablar de universalizar «no de obligatoriedad», pero indica que si realmente apuesta por aumentar la edad obligatoria hasta los 18, su propuesta es «inoportuna». José Luis Cimorra, su portavoz, admite que el sindicato «hubiera preferido que la propuesta hubiera sido la universalización de la enseñanza hasta los 18 años, con lo cual se asumiría que el Estado pondría todos los medios a su alcance para que el alumnado, no solamente graduara en la ESO sino que se sintiera atraído por las enseñanzas no obligatorias a través de una oferta suficientemente amplia y una metodología atractiva para estar hasta los 18 años en el centro educativo por su propio interés, sin obligación normativa». CGT también recela y advierte que, en vísperas electorales, «muchas veces aparecen ideas y ocurrencias que ni los que la fomentan piensan realizar en caso de gobernar». En este contexto, su portavoz, José Luis Ruiz, considera que el actual sistema educativo «tiene unas necesidades mucho más urgentes que la ampliación de la escolarización obligatoria de los 16 a los 18 años», como la reducción de ratios en las diferentes etapas educativas o la dotación de «los medios necesarios» a los centros. «Valoramos positivamente todos los esfuerzos en universalizar la educación en los tramos de edad más bajos a través de una suficiente oferta pública de plazas, pero tenemos muchas más dudas sobre la idea de hacer obligatoria la escolarización hasta los 18 años, desconociendo curricularmente qué estudios se cursarían» y muestra su temor de que «sirva como excusa para generalizar los conciertos educativos en Bachillerato al pasar este a estar dentro de la escolarización obligatoria, y por tanto gratuita», apuntaron.

No rotundo de PAR y Ciudadanos

Los partidos, como es previsible, se muestran divididos por la propuesta socialista. El PP dice sí, pero siempre que la ampliación en dos años de la edad obligatoria de escolarización sea «con la finalidad de que los alumnos españoles pudieran terminar sus estudios en Bachillerato o de FP de Grado Medio y titular en ellos». Su portavoz en la comisión de Educación, María José Ferrando, matiza que este cambio «no puede hacerse de cualquier manera» y obliga a consultar con «expertos y sectores implicados». Ferrando carga contra Pedro Sánchez porque, en su opinión, «ha cometido la irresponsabilidad de anunciar una medida tan relevante sin valorar todo lo que conlleva una actuación de tal envergadura. Mucho nos tememos que tan precipitada decisión sirva para ocultar el posible incremento del fracaso escolar que se produciría si derogan la LOMCE y las cifras del paro entre la población activa».

Para el grupo mixto, la idea es buena. «De hecho, IU lo incluyó en su programa para los comicios del 2007», aclara la portavoz de IU, Patricia Luquin, que, en todo caso, advierte que para su puesta en práctica «y que no solo favorezca a los centros concertados porque será obligatorio ampliar el concierto», es necesario que se garantice la gratuidad con inversión pública para asegurar el éxito escolar de todo el alumnado. Así, IU aboga por políticas de gratuidad y becas para que nadie renuncie a los estudios por motivos económicos. Además, la formación propone que en esos dos años «extra», el alumnado pueda elegir entre continuar con los estudios preuniversitarios o pasar a Formación Profesional «con el objetivo de combatir el trabajo precario».

El PAR discrepa. Su portavoz de Educación, María Herrero, cree que lo prioritario ahora es «impulsar políticas que hagan más atractivo el sistema educativo, que reduzcan la actual problemática de abandono escolar y que incrementen notablemente la eficacia del proceso educativo» y recuerda que en la mayoría de países europeos los jóvenes están obligados a ir a la escuela hasta los 16 años, y que en España un tercio de los alumnos no obtienen el título de la ESO. Con estos antecedentes defiende que resultaría «difícil» integrar a jóvenes de 17 y 18 años que se niegan a seguir escolarizados y se agravaría con ello el déficit educativo actual con estudiantes que con 16 años, e incluso antes, «que ya no quieren seguir en las aulas y tienen que estarlo». Por eso aboga por «arbitrar medidas que fomenten la permanencia del alumnado hasta más allá de los 16, con programas que respondan a la diversidad de intereses, pero no por obligación».

Un lastre

Ciudadanos, por su parte, va más allá y considera la formación obligatoria hasta los 18 «un lastre para los que no quieren estudiar». Su portavoz, Susana Gaspar, cree que este tipo de medidas «no ayudan a luchar contra el fracaso escolar» y no considera necesaria la extensión «Lo que se debe hacer es ofrecer un buen Bachillerato, una FP en condiciones y una formación continuada para todos durante toda su vida. No se puede hacer estudiar obligatoriamente a jóvenes de 17 y 18 años que no quieren, ya que es perjudicial para ellos y una dificultad adicional para sus profesores y compañeros. El debate de la formación obligatoria hasta los 18 supone seguir deteriorando el sistema público», defiende. Podemos también apela a la necesidad de consultar. «Queremos que sea la comunidad educativa la que valore las propuestas que necesitamos ante los retos que la educación y la sociedad nos plantea. Si no es así, estaremos viviendo otra vez como la educación se convierte en una cuestión partidista a la que sacarle rédito electoral, como estamos viendo con estas declaraciones sin ningún tipo de concreción por parte del PSOE».