Dos de cada diez residencias privadas publicita un servicio médico propio que, en realidad, no es otro que un facultativo del Salud. Así lo ha detectado la dirección general de Consumo del Gobierno de Aragón tras analizar 85 centros privados de mayores y su trato con los usuarios en una campaña realizada durante los meses de mayo y junio.
En nueve de cada diez residencias no se omite ningún dato importante si bien desde Consumo se advirtió que el 20% ofertaba un servicio médico propio que no era tal.
En concreto, se han estudiado 47 centros de la provincia de Zaragoza, 19 de la de Huesca e igual número en la de Teruel con la participación de los tres servicios provinciales y de acuerdo a la Ley de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón, según indicó el Ejecutivo autonómico.
Entre los aspectos que se han analizado destacan el cumplimiento de los derechos básicos en cuanto a precios, facturas y hojas de reclamaciones, así como un capítulo concreto alrededor de la publicidad de los centros y un subapartado con las condiciones de contrato respecto a fianzas, cláusulas abusivas o imposición de servicios no solicitados.
APROBADO GENERAL
El Gobierno aragonés expuso que, en el primer apartado, el cumplimiento es generalizado (83,2 %) aunque debería mejorarse el uso de las hojas de reclamaciones y su acceso, ya que su existencia y disposición al consumidor es obligada.
El apartado relativo a las condiciones de la contratación arroja resultados "satisfactorios", según la Administración, a excepción de que, en la mitad de las residencias, en el caso de que la persona no haga uso de servicios como comidas o rehabilitación porque está hospitalizada no se descuenta de la factura.
La Dirección de Consumo destaca, asimismo, que una de cada tres residencias privadas inspeccionadas tienen concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y que todas menos una disponían de seguro de responsabilidad civil.
Además, una de cada seis residencias prestaba atención médica por facultativo de la empresa al menos 4 horas al día, el 81 % disponía de servicio de cocina propia, todas menos dos cambian la ropa de cama semanalmente y solamente el 7 % cambia de colchón y mobiliario cada vez que se produce la entrada de un nuevo residente.
Estas inspecciones no evalúan la calidad asistencial o la seguridad, algo de lo que se encarga el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que ya ha decretado el cierre de diez residencias --nueve privadas y una pública-- que no cumplían con las normas impuestas desde el Gobierno actual. De hecho, la Administración asegura que se encontró con 25 expedientes de cierre que el anterior Gobierno socialista había dictado pero nunca ejecutó.
El número total de plazas en residencias de la tercera edad en Aragón durante el 2012 ascendía a 17.163, de las que dos tercios de las solicitudes fueron realizadas por mujeres, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística.
