La reciente visita del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, a Navarra sirvió, entre otras cosas, para consolidar el proyecto de la centralización de laboratorios pretendida por el departamento. De hecho, la delegación aragonesa, compuesta también por el director general de Planificación, Antonio Villacampa, se trajo de la comunidad vecina un aval inesperado, el apoyo del que, según el Gobierno navarro, ha gozado esta centralización también en la oposición

En este sentido, Aragón se apoya en las palabras del Partido Socialista de Navarra (PSN), que ya a finales del 2011 mostró su respaldo a la unificación porque, en palabras de la portavoz de la Ejecutiva del PSN, María Chivite, "mejorará la calidad del servicio". Por entonces, Chivite había explicado que "los pacientes no van a tener que trasladarse a Pamplona para la extracciones, que se mantienen todos y cada uno de los puntos de extracción, sin ningún traslado, y que se unifican las técnicas de diagnóstico, no los puntos de extracción" y negó la externalización del servicio.

De ese modo, la presidenta navarra, Marta Vera, habría trasladado las bondades de esta medida a Oliván, que, en cambio, no puede presumir de respaldo de la oposición. De hecho, el PSOE aragonés ha pedido recientemente a la consejería que no lleve a cabo esta centralización de laboratorios asistenciales amparándose, precisamente, en una posible pérdida de calidad asistencial.

Aún más claro

El conocimiento, de primera mano, de ese laboratorio unificado en Navarra, no ha hecho, pues, sino confirmar lo que desde Sanidad ya se tenía claro. La unificación es un hecho y ahora solo falta ponerle plazo. Desde la Administración se ha llegado a decir que la medida se implantará este mismo año, aunque las críticas y las reticencias de numerosos sectores sanitarios parecen haber ralentizado un tanto el proceso.

Pero Sanidad insiste en que no hay marcha atrás. De hecho, el Salud se está reuniendo con los responsables de los laboratorios para trasladarles sus intenciones, que pasan por la creación de un macrolaboratorio para análisis no urgentes y que se implantaría a través de una sociedad mixta --integrada por una empresa pública y otra privada--.

La oposición en Aragón critica la falta de informes respecto al supuesto ahorro de 20 millones de euros anuales que la DGA calcula obtener con la medida. Aunque la duda más razonable alcanza a las posibles afecciones que provocaría en el personal.