El recibo del canon de saneamiento subirá este año alrededor de un 14% a pesar de que buena parte de los municipios aragoneses que lo pagan no tienen depuradora. Así se desprende de los presupuestos que para el Instituto del Agua tienen previsto aprobar las Cortes, muy posiblemente a finales de mes. Una situación paradójica que es consecuencia del retraso en la ejecución prevista para tejer toda la red de instalaciones con las que poder cumplir, bajo pena de sanciones, con la obligación de depurar todas las aguas residuales antes del 2015.

En la actualidad, todos los municipios de más de mil habitantes equivalentes (unos 400 reales) pagan este impuesto ecológico, porque cuentan con una depuradora funcionando o en obras o licitada, tal y como establece el Plan Especial de Depuración de Aragón. Al igual que todos los núcleos de población del Pirineo, sea cual sea su número de habitantes.

Pero ninguna de las obras del Plan Pirineos está funcionando. Tan solo aquellas instalaciones ejecutadas previamente, como son las de Jaca y Sabiñánigo. En cuanto al Plan Especial, las últimas zonas licitadas tampoco han comenzado con las obras (31 depuradoras y 11 colectores). Y los problemas empiezan a extenderse a depuradoras en funcionamiento (el caso de Zuera y San Mateo de Gállego) porque las previsiones económicas no cuadran y las cuentas de explotación no salen. Los vecinos con instalaciones licitadas o adjudicadas pero que todavía no se han puesto en marcha pagan el 50% del canon.

El Gobierno de Aragón, las empresas concesionarias y el Instituto del Agua (adonde los ayuntamientos transfieren el cobro del canon) llevan meses de reuniones tratando de reorientar las condiciones del sistema de concesión pública aplicado a ambos planes ante las dificultades que se encuentran la empresas para hacer su trabajo.